Cuando hablamos de un sistema democrático, muchos ciudadanos recelan de que el pueblo sea capaz y tenga las habilidades necesarias para tomar las decisiones correctas para llevar al país a buen puerto, y surge la duda, aunque sea muy en el interior, de si es mejor un buen dictador, que un mal pueblo.

La democracia no es un sistema que garantice la máxima felicidad a sus ciudadanos, ni que sea un sistema que garantice el progreso a los pueblos.
La democracia es el único sistema legítimo que crea las reglas por las cuales la sociedad se va a regir, ya que son los propios ciudadanos los que, por mayoría, votan las leyes por las que quieren ser gobernados.

Es justamente éste factor, el que hace que la democracia sea el único sistema justo y legítimo para regir nuestras vidas.

Todo lo que esté fuera de un sistema democrático, es ilegítimo. Aunque fuéramos gobernados por un buen dictador, si los ciudadanos no votan las leyes por las cuales se quieren regir, es injusto y brutal.

Para que la democracia actúe como tal, y ésta produzca leyes legítimas, es fundamental que los ciudadanos estén correctamente representados, y que los representantes aprueben o no, esas leyes propuestas por los representados.

En el actual sistema proporcional, los votos de los ciudadanos valen distinto, según en qué comunidad se encuentren. Éste sistema podría tener sentido para evitar que las comunidades con mayor número de habitantes, anulasen a esas comunidades con un número menor es decir, que se protejan a las minorías de las mayorías. Aunque esto tenga sentido, el resultado de unas elecciones bajo dicho sistema no es legítimo, ya que el voto individual ha sido ponderado y modificado.

Para evitar dicha manipulación del voto, la solución es hacer que no hayan mayorías ni minorías en todo el territorio. Para conseguir dicha igualdad, las divisiones administrativas para el ejercicio del voto, los distritos, deben de contener forzosamente, el mismo número de ciudadanos. Así pues, todos los votos valen lo mismo, no hay ninguna ponderación ni modificación, y el representante de dicho distrito tiene la misma autoridad que cualquier otro representante.

Todo el mundo se ha encontrado en la situación con amigos de tener que decidir algo, y la solución inmediata es aplicar el voto de la democracia, es decir, de la mayoría. Un sistema de elecciones en el que no se aplica la mayoría al elegir al representante, por el cual defenderá las leyes por las cuales nos queremos regir, no es un sistema democrático. La solución es bien sencilla. Las leyes han de ser aceptadas por la mayoría absoluta de los ciudadanos. Ya que en toda votación en la que hay más de dos opciones es muy probable que ninguna solución sea la que quiere la mayoría absoluta, no cabe otra solución que aplicar una doble vuelta con las dos opciones más votadas, siendo ésta la garantía de que las leyes por las cuales la ciudadanía se va a regir, son aprobadas por la mayoría absoluta. Sin  ponderaciones de votos ni manipulaciones electorales.

En el actual sistema de partidos, los representantes son los partidos en bloque, los cuales designan al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial. Un poder que es capaz de legislar y de ejecutar a la vez, es un poder que se acerca más a la tiranía que a la voluntad del pueblo, y además es un caldo de cultivo para la corrupción y la inmoralidad. Si yo puedo hacer la ley por la que yo mismo me tengo que regir para ejecutar algo, es muy probable que haga la ley según mis propios intereses.

Ahora bien, si quien hace y vota las leyes, es decir el legislativo, es decir el pueblo mediante sus representantes que han sido elegidos por mayoría absoluta, es independiente del cuerpo encargado de ejecutarlas, es decir, el ejecutivo, existe la garantía de que se van a ejecutar los planes según las leyes marcadas por el pueblo, ni más, ni menos.

La independencia del poder judicial es el poder que controla a los otros dos poderes y el garante de que todo sigue el curso previsto por la ley. El legislativo no puede aprobar leyes que no sean constitucionales, así como el ejecutivo no puede ejecutar sus planes de tal forma que estén fuera de las leyes aprobadas por el legislativo, es decir, el pueblo.

Para garantizar que los representantes sean fieles a los representados, es decir, al pueblo, ya que éstos serán los que defiendan las leyes propuestas por los ciudadanos, es necesario que éstos de deban a sus votantes. No importa si los representantes forman parte o no de un partido, de una asociación o grupo en particular o si van por libre. Lo que importa es que se deban a quienes los han votado. Si no fuera así, las leyes resultantes no serían legítimas y los ciudadanos se regirían por leyes que no han votado, estarían impuestas por un ente fuera del cuerpo elector. Para garantizar su fidelidad, es necesario que los ciudadanos sean libres para designar y derogar a un representante en cualquier momento. El miedo a ser despedidos en el acto, junto con la presión del suplente para subir al poder, harían la presión necesaria garantizar dicha lealtad.

Así mismo, el salario de dichos representantes nunca puede salir de las arcas públicas, ya que la motivación para ser leal carecería de sentido particular. Todos nos debemos más a quienes nos pagan, que a quienes no.

Así como los representantes (el legislativo) defenderían los intereses particulares de los ciudadanos, los intereses generales serían defendidos por el poder ejecutivo. Es éste poder el que propone un plan global y lo ejecuta siguiendo las leyes propuestas por el legislativo. Por eso mismo, son los ciudadanos, a través de una única votación, por mayoría absoluta a doble vuelta, quienes eligen al encargado de defender el interés general, ya que ejecutará planes como infraestructuras, educación, energía, los cuales afectan al conjunto total de la población.

Es precisamente bajo ésta fórmula, la que es capaz de defender los intereses particulares, para crear un plan de interés general. Es justo bajo la separación de poderes y la representación, el método para garantizar la legitimidad de las leyes aprobadas y de los planes ejecutados.
Es la democracia formal, el sistema más ético, justo y legítimo por el cual los ciudadanos eligen libremente, las leyes por las cuales quieren ser regidos, es por eso mismo que la libertad colectiva es la mayor de las libertades, la más humana y justa.

Es la República Constitucional la solución a la encrucijada.

Ferran Garriga Ollé