Bien temprano entendió Hugo Chávez que la única forma de mantener en el tiempo su modelo totalitario era tomando por asalto las instituciones fundamentales del poder público en Venezuela. Esto le permitió regular a su conveniencia las reglas del juego político para controlar su resultado. Así ocurriría con la sucesión de directivas de un Consejo Nacional Electoral al servicio del gobierno, que diseñó los mecanismos más perversos para torcer la voluntad de los ciudadanos, como el famoso “Kino de Chávez” para la Constituyente de 1999.
A esto se sumaría todo un elenco de artificios manuales y electrónicos para darle un barniz democrático a un sistema electoral que procura todas las ventajas para el partido oficialista sin dejar a sus adversarios margen para el reclamo. Esto no ha cambiado.
Luego vendría el secuestro del poder judicial, la partidización de las fuerzas armadas y, en fin, el sometimiento de todas las instituciones públicas a la voluntad del Estado totalitario chavista. Las decisiones de la camarilla gobernante son presentadas a la sociedad como las decisiones del Estado. Un Estado donde no hay garantías, ni separación de poderes. La máxima expresión de este fraude político ha sido la elección espuria de una Asamblea Constituyente que no representa a la sociedad venezolana, y que redactará la nueva Constitución para gobernar a la mayoría según los intereses del régimen chavista.
Para funcionar, este fraude a la Constitución, a las leyes y al Estado de derecho, necesita de otras fuerzas que ayuden a mantener la apariencia de una confrontación, que alimente la ilusión de un cambio dentro de ese viciado sistema. Este es el papel que han jugado la mayoría de los partidos de la oposición desde 1999, participando en una u otra elección, y algunas veces dejando de participar (2005); pero siempre dentro de los estrictos límites de las reglas de juego del Estado chavista.
El fraude a la Constitución y las leyes que perpetra todos los días el régimen para seguir en el poder es posible por la concurrencia simultánea de la estafa electoral. Esto es el engaño a los ciudadanos para hacerles creer que, votando dentro de las condiciones del Estado chavista, será posible que el chavismo algún día entregue el poder. Es lo que hace hoy la MUD con su participación en las elecciones de gobernadores como agente legitimador de un régimen que dice combatir.
El núcleo de la estafa es el engaño. Sin embargo, para que funcione debe contar con cierta cooperación de la víctima. El deseo de millones de venezolanos para salir desesperadamente de esta dictadura los convierte en blanco fácil del discurso falso y engañoso de la MUD. En esta oportunidad la promesa ilusoria es que votando y eligiendo nuevos gobernadores se logrará el cambio político. No es cierto. Desde ya se sabe que, dentro de este sistema electoral fraudulento, la oposición obtendrá los gobernadores que quiera el régimen. Y aunque la oposición obtuviese la totalidad de las 23 gobernaciones, serán funcionarios subordinados, no sólo a la Constituyente sino también al poder ejecutivo que preside Nicolás Maduro, y con menos poder que la Asamblea Nacional.
Al llamar a votar en la elección de gobernadores, lo único que se logra es propagar y prolongar esa nociva y peligrosa ilusión de un cambio dentro del sistema totalitario chavista. Por eso en su discurso engañoso y falaz, la MUD siempre habla de un cambio de gobierno, de una transición dentro del mismo Estado; y no de una ruptura democrática con el modelo de Estado y sus reglas de juego, que hace elecciones para que nadie cambie.
La estafa electoral del 2017 es el preámbulo a otra mayor que el gobierno develará en el 2018, y para la cual necesitará nuevamente el concurso de esta “oposición”. Se trata de las elecciones presidenciales, pero dentro de un modelo y condiciones aprobados por la Constituyente, en las cuales seguramente la MUD llamará a participar “para dar la pelea con votos”, y luego reconocer su resultado, cualquiera que este sea. Mientras la pelea se siga dando en el terreno conveniente y movedizo del adversario —como lo ha hecho la MUD— será muy difícil avanzar. Dieciocho años de marchas y contramarchas así lo demuestran. El fraude y la estafa electoral deben ser denunciados como las dos caras de un mismo engaño que se comete contra los venezolanos.
