La hipocresía del régimen de la mentira y del consenso pretende convencer a la opinión pública de que el retraso para el reparto del dominio de la justicia era una cuestión de defensa del principio de su independencia. Concretamente, los medios afines al Partido Popular se han afanado a justificar el retraso y posterior reparto de los vocales con la facción estatal rival mintiendo al decir que se ha acabado definitivamente el cambio de cromos a partir de la elección del nuevo CGPJ.

Sin embargo, la lectura del acuerdo alcanzado arroja lo de siempre: el reparto de vocales conforme a la proporción electoral de los últimos resultados, con el maquillaje de la resistencia a la pérdida de todo el poder de control sobre la justicia por el segundón. En lo que no ha mentido Núñez Feijóo ha sido en decir que el PP es un partido de Estado. Lo es, porque se lo reparte con sus rivales.

Es mentira que éste sea el último CGPJ elegido por los políticos, como se ha llegado a decir por los voceros de la oposición. Se pretende vender como consumación de la independencia judicial una proposición de reforma de la LOPJ por la que los renovados vocales tendrán que proponer un nuevo modelo de elección del órgano de gobierno judicial emitiendo un «informe» que aprueben por tres quintas partes que, atención, tendrá que ir a las Cortes Generales de nuevo para su enmienda o aprobación final.

Es decir, los delegados de los partidos en el órgano rector de la justicia propondrán a sus jefes «algo» que éstos enmendarán y aprobarán. La guarnición de este plato es un ridículo régimen de incompatibilidades en los altos cargos de la vida judicial y fiscal para evitar supuestos como los de doña Dolores Delgado, que pasan sin ningún decoro de la política a las más altas responsabilidades en la justicia. Como si no existieran lacayos dispuestos a venderse por un plato de lentejas en los niveles inferiores de control político. O jueces y fiscales para el girasoleo de los partidos, que ni siquiera necesitan órdenes explícitas, sabedores de lo que tienen que hacer y las ventajas de remar a favor.

De nuevo quedan de manifiesto las cuatro mentiras de las cuatro siglas: el CGPJ no es consejo, sino bloques de partidos; no es general porque no integra a todas las profesiones de la justicia; no es poder, como no lo puede ser nunca una facultad estatal que lo que tiene que ser es independiente; y no es judicial porque sus miembros no tienen ni que pertenecer si quiera a la judicatura.