El acuerdo entre el PSOE y el PP para nombrar a la burocracia europea árbitro del reparto de la justicia en España es un espectáculo lamentable. Poner un mediador de una organización no democrática para decidir el reparto de cargos del gobierno de la justicia recuerda el bíblico pleito del rey Salomón. Con la diferencia de que aquí, pase lo que pase, al niño lo cortarán llevándose cada madre su pedazo.

A la dominación de la justicia, se añade el cosmopaletismo propio del complejo de inferioridad español. Lo europeo es lo fetén. La cuestión es que desde fuera digan qué «perfiles» personales darán una imagen de inexistente independencia, maquillando la forma de elección de los gerifaltes de la vida judicial por la clase política. Más que renovación, la sustitución por la clase política de unos vocales del CGPJ constituye simple novación formal. Quien nomina, domina.

Este problema sistémico afecta no solo al CGPJ, también a los órganos judiciales. Cuanto más alto es el tribunal, más directamente intervenido se encuentra por el poder político. No se pierda de vista que el presidente del Tribunal Supremo, lo es también del Consejo General del Poder Judicial, y su elección fruto del cambalache de los partidos.

En este juicio salomónico el PP, con la razón obtusa que rige en el Estado de poderes inseparados, mantiene la propuesta perversa de la elección del gobierno de la justicia exclusivamente por los jueces cuando, sin embargo, las conductas corporativas de mutua protección política tienen su origen en la concepción misma de un CGPJ como sínodo de la elite partidista dominadora de la vida judicial. Sus miembros, sean jueces o no, obedecerán al partido que los designa, rigiéndose su actuación no sólo por la regla de la obediencia debida a quien les nombra, sino también y en cuanto a su funcionamiento ordinario, por el consenso con la facción rival, dejando fuera de sus decisiones al mundo jurídico que gobiernan.

La independencia judicial en países de derecho marcadamente codificado exige un órgano de gobierno de la justicia elegido por un cuerpo electoral propio y también separado, que integre como electores a todos los operadores jurídicos, acabando con toda posibilidad de corporativismo, de modo que desaparezca cualquier interés político susceptible de reciprocidad, y a la vez neutralice el poder de las elites judiciales.

De ese cuerpo electoral separado, formado además de por jueces también por fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, abogados, procuradores, notarios, registradores y catedráticos de derecho, entre otros operadores jurídicos, saldría elegido un presidente del Consejo de Justicia, órgano que sí sería general al integrar no sólo a jueces y magistrados, sino también a los restantes implicados en el quehacer diario de la Justicia, y que son franca mayoría, resultando imposible cualquier comportamiento corporativista por razón de su función jurisdiccional.