Escuela franquista Uno de los campos donde se observa con más claridad hasta qué punto seguimos la inercia del franquismo en materia de leyes, pero sobre todo en servidumbre ciudadana, es el de la educación. Los problemas que encuentran tantos padres en comunidades bilingües para escolarizar a sus hijos en español, o todos los derivados de una distorsión histórica de las materias escolares, se remontan a una conformación ideológica mucho más primaria que tiene que ver con la incapacidad de decidir por nosotros mismos cómo queremos educar a nuestros hijos.   Salvo error, España es el único país de Europa que, no tanto teóricamente pero sí en la práctica,  persiste en dictaminar escolarización obligatoria para todos. Fallos judiciales condenan a padres que se permiten la libertad de educar a sus hijos en casa. El Estado considera tal cosa una afrenta intolerable. Y aunque una creciente Asociación para la Libre Educación (ALE) esgrime el argumento de que la Constitución habla de educación obligatoria y no de escolarización, el estado inerte de la iniciativa ciudadana lastra el entendimiento de que sin una libertad de decisión tan básica toda mejora del sistema educativo es inútil y puramente retórico. Una amiga que vive en un barrio acomodado de Madrid relata ser la única madre que juega en los parques con sus hijas entresemana. Las madres trabajan, y se ven obligadas a delegar… ya sea a cuidadoras inmigrantes o a guarderías, más tarde las escuelas. Encuentra dificultades infinitas para sacar a sus hijas de la escuela cuando ella lo cree conveniente, incluso con fundadas razones.   Y si tal cosa ocurre en áreas urbanas donde cabría esperar una mayor apertura, uno se pregunta qué ocurriría en otros lugares, o cuando es el padre de familia, como es mi caso, el que por un complejo de razones está mayormente a cargo de cuidar y educar a sus criaturas. ¡Menudo marciano!   Sería demasiado fácil acusar al vil mercado de imponer el envío temprano de los hijos, y por siempre, a las escuelas de turno. Pues muchos otros países demandan la misma aquiescencia mercantil, si no mayor, y disfrutan de una legislación que facilita la libre educación. España apenas ha empezado a deshacerse de la nota autoritaria heredada del franquismo, representada en las instituciones y legislación presentes.