El espectáculo del amago de dimisión de Sánchez ha vuelto a sacar a flote ese expediente tan español fruto del comportamiento inmoral de su clase política, la dimisión en grado de tentativa.

Esta vez, al tratarse del sumo sacerdote de la partidocracia, la puesta a disposición del cargo a los pies del jefe para no ser aceptada ha sido sustituida por la íntima reflexión de fin de semana. Y luego a seguir libre de polvo y paja.

Que en España no se lleva eso de dimitir de los cargos públicos no es algo nuevo. La memoria política define como excepción el comportamiento de quienes colgaron las botas ante un descalabro en sus responsabilidades políticas.

Las elementales normas de urbanidad política califican eso de la «dimisión irrevocable» como un pleonasmo. ¿Pero cómo alguien con la mínima consideración de sí mismo que haya tomado la decisión de abandonar un cargo puede permitir que se le sujete a la silla? No cabe mayor indignidad, por no hablar de la descalificación moral automática que supone para seguir en el ejercicio de las funciones atribuidas.

Lo mismo cabe decir de este amago presidencial. Si se dimite sólo se anuncia una vez adoptada la decisión, a no ser que la intención sea la legitimación popular del cesarismo. Se ve que Sánchez le cogió el gustillo a aquella nefasta conducta de los tiempos del ilegal estado de alarma de sembrar la incertidumbre con medidas que anunciaba antes de publicarlas en el BOE y que afectaban a millones de personas.

Sin embargo, el atornilllamiento al cargo, que repele de la digna despedida, no es algo genético de los españoles, sino que trae causa de la imposibilidad de distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas si no existe independencia judicial. Sin separación entre la política y la justicia ambas responsabilidades irán aparejadas. O todas o ninguna. Yo no me voy, que me denuncien y que me eche un juez. Por ende y a contrario sensu, dimitir supone poco menos que reconocer la comisión de delito.