La prensa alimenta la opinión de que la corrupción judicial es fenómeno limitado a los asuntos forenses de los poderosos. Sólo difunde los casos en las grandes fortunas, los propietarios de las sociedades mediáticas y los gerifaltes de los partidos parecen manejar a su antojo a los tribunales.
Pero cada vez cunde más fuerte el rumor de una corriente judicial que me propongo remover.
La corrupción en los Juzgados de familia regentados por mujeres, y en los bufetes femeninos que denuncian falsamente a maridos honestos (en proceso de separación o divorcio), está consagrando la impunidad de una prevaricación judicial sistemática amparada por los Tribunales Superiores de Justicia.
Esta nueva clase de prevaricación judicial, en favor de madres que utilizan a sus hijos menores como puros instrumentos de su enriquecimiento ilícito, está introduciendo en capas sociales de alto nivel, un nuevo tipo de violencia que, frente a la de género, bien puede llamarse de “especie femenina”.
Con experiencia de medio siglo en la abogacía civil, aseguro que la degeneración moral, el desprecio de las leyes, el corporativismo mafioso, la pobreza del conocimiento jurídico en la mayoría de las juezas de 1ª instancia, han encontrado en los Tribunales Superiores de Justicia, que han visto ahí su glorioso destino, el salvoconducto para seguir perpetrando, con impunidad, sus memorables fechorías para convertir a los justiciables masculinos en ajusticiados.
El delito de prevaricación, aún el más grosero, ha sido borrado del Código Penal.
El grado de corrupción judicial en el Estado de los Partidos es muy superior al alcanzado durante la Dictadura. En aquel régimen odioso había más decencia personal y más dignidad profesional en los magistrados.
Hoy sería inimaginable, por ejemplo, obtener una resolución suprema contra el gobierno, como la que obtuve contra el de Franco en el asunto del periódico “Madrid”.
La conspiración judicial femenina ha creado y alimenta una nueva violencia de especie.
*Artículo publicado en el diario madrileño Ahora, el 16 de junio de 2005.
