Un informe realizado por el periodista Carlos Pizá para el diario “El Economista” revela que Andalucía ha creado “una administración en negro, en B, una administración paralela y no fiscalizada de manera regular de más de 130 consorcios, agencias, empresas, fundaciones o institutos impulsados por los Gobiernos del PSOE de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en las dos últimas décadas”.
“Ahí trabajan un mínimo de 26.000 personas que los sindicatos de funcionarios denominan enchufados, pues nunca han pasado pruebas de selección para acceder a esos empleos. La gran mayoría de ellos están vinculados a PSOE, UGT y CCOO” señala Pizá que añade que “se trata una Junta de Andalucía bis sobre la que el Ministerio de Hacienda ha puesto la lupa, merced a la exigencia de los planes de reequilibrio para cumplir los objetivos de déficit y merced a la entrega de fondos a Andalucía vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Fondos cuya llegada está condicionada al cumplimiento estricto de ese plan”.
“El aspecto fundamental que hace insostenible este coloso público social y económicamente, más aún con un 34 por ciento de paro en la Comunidad, es el volumen, coste y origen de su plantilla. Sobre esto último, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) es claro: los sucesivos procesos electorales autonómicos y locales que han determinado la hegemonía del PSOE andaluz durante 30 años han provocado procesos masivos de relevos de altos cargos y cargos de confianza que han acabado en este conglomerado público. Empresas, fundaciones y consorcios creados ad hoc para cobijarlos en un trabajo público”.
En cuanto a qué cantidad de personas trabajan en esa amalgama pública, nunca la consejería de Hacienda lo ha hecho público, y sigue sin hacerlo hasta el 31 de este mes, cuando tendrá que remitir el volumen, coste y distribución de las funciones concretas de este personal al ministro Cristóbal Montoro en cumplimiento del plan de reequilibrio, como la Junta reconoce en el acuerdo del consejo de Gobierno del 24 de julio para ejecutarlo.
“Sólo cabe hacer elucubraciones. Fuentes del SAF señalan que los más de 130 entes integran a esas 26.000 personas citadas, aunque las cifras ofrecidas por otras fuentes sindicales y de la Administración en los últimos meses elevan el número hasta los 35.000. Sólo la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), dependiente de la consejería de Medio Ambiente, tiene cinco mil trabajadores. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (antigua DAP, integrada en la misma consejería) agrupa a dos mil más”.
A ellos se suman otros 1.600 en la RTVA (Canal Sur) o 1.500 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Y, así, suma y sigue “hasta alcanzar algún punto entre esos 26.000 y 35.000. La ausencia de una relación de puestos de trabajo pública y transparente impide saber cuántos son, qué hacen, cómo se distribuyen sus categorías laborales y qué convenios colectivos, privados, rigen su trabajo. Una opacidad que se arrastra desde hace décadas”.
Precisamente la Faffe es uno de los escasísimos ejemplos en los que se ha dado a conocer, quizá por un descuido, el convenio colectivo de 2007-2009. Por ejemplo, las distintas categorías (seis) del puesto de director de esta fundación -que en esos años estaba en manos de un exalto cargo del PSOE de Cádiz- igualaban o superaban el sueldo del presidente de la Junta, con 79.000 euros de remuneración bruta más pluses en el caso más alto. Los sueldos de otras categorías llegaban a duplicar lo que, en escalones equivalentes, cobraban los funcionarios de carrera de la Junta en ese momento, según el SAF.
“Otros salarios muy comentados han sido los del director general de la RTVA, Pablo Carrasco (125.000 euros); el del exdirector general de Invercaria (sociedad pública de capital riesgo de la Junta), de 118.000 euros; o el de la gerente de la agencia pública que gestiona el Hospital de Poniente de Almería (más de 90.000 euros). Hay cientos de ejemplos más de nóminas desorbitadas para el sector público” indica el periodista.
Estos y otros casos lacerantes, unidos a la precariedad financiera de la Junta, le obligaron a aprobar, dentro del plan de reequilibrio, la reducción de sueldos de todos los cargos directivos de las empresas públicas y entes asimilables. Desde el 1 de enero de 2013, ninguno cobrará más, incluidos todos los conceptos excepto la antigüedad, que un viceconsejero (59.500 euros).
Hasta 37 de esos 130 entes públicos, recogidos en las cuentas de la Junta, sí desglosan su coste de personal: 877 millones. ¿Cuánto más suponen los 90 restantes? “Para curarse en salud, algunas consejerías ya están procediendo a recortar gastos de personal en las agencias que le competen. Es el caso de la de Fomento (que dirige IU), que ha cesado a 30 directivos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa). O la de Salud, que ha eliminado otros 71 directivos de 374 en el Servicio de Salud (SAS)”. Los izquierdistas quieren poner en marcha un segundo proceso de reordenación, a lo que se opone tajantemente -hace unos días en el Parlamento- la consejera de Hacienda. Y, en paralelo, piden extender el modelo de despido de directivos y anulación de sus cesantías y privilegios como han hecho en el citado caso de Epsa.
“La patronal andaluza CEA, que vive de las subvenciones públicas para formación en gran parte (más de la mitad de su presupuesto anual), ha sido más prudente: pide eliminar solo las empresas que compitan con el sector privado. Y el PP pide una reforma a fondo del conglomerado, aunque no propone fórmulas concretas para acometerla”, concluye el informe. Partitocracia en estado puro.
