Que Caamaño ha sido mucho más eficaz en el control político de la Justicia que su tosco predecesor, se demuestra en cada una de las reformas iniciadas en su mandato del comisariado político de sus asuntos, todas ellas en sentido de añadir nuevos nudos a la cuerda de la inseparación. La última hazaña es el globo sonda lanzado por el titular ministerial para monopolizar el proceso penal conforme a los deseos del ejecutivo, condicionando la prosecución de la acción penal al visto bueno del Ministerio Público.   Caamaño cree que la acusación popular no debería mantener sola un proceso penal. El Ministro de Justicia, se mostró partidario de legislar a favor de que una acusación popular no pueda sostener “por sí sola” la acción criminal cuando el Ministerio Fiscal o las víctimas no consideren que hay delito. En declaraciones a la cadena SER, reconoció no obstante que la vigente constitución recoge la figura de la acusación popular, por lo que –ha dicho- habría que buscar un “encaje” a la propuesta para que “no cause las distorsiones que, ahora comprobamos todos, está produciendo”. El titular de Justicia ha indicado que debe aprenderse de la experiencia del caso Garzón, en el que la “ultraderecha” ostenta la acusación popular, la única en el proceso, ya que la Fiscalía no aprecia delito.   Es la solución final para controlar la persecución penal de los delitos de poder. Y es que, precisamente los ilícitos penales de la clase político-judicial (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias…) se caracterizan por un daño abstracto, general y difuso a bienes jurídicos de imposible particularización en una víctima concreta que pueda sostener la acusación particular conforme a un daño individual de sus intereses, sino que es toda la sociedad civil la que resulta agredida, resultando indispensable como vehículo procesal el ejercicio de la acción a través del mecanismo de la acusación popular.   De suprimirse la igualdad procesal de la acusación popular de las restantes personadas, la enervación de la acción penal en tales delitos quedaría al albur de la decisión de un Ministerio Público configurado como estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa un Fiscal General del Estado elegido a dedo por el Gobierno de turno, lo que supone equiparar el criterio de imputación al criterio de oportunidad política.