La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAB) hizo público el pasado 11 de Marzo un comunicado por el que expresaba su rechazo al Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, aprobado por el Consejo de Ministros de día 4 del mismo mes al considerar que su aplicación supondrá graves e intolerables recortes a los derechos fundamentales de los ciudadanos y al acceso a la tutela judicial efectiva. Los miembros del órgano de gobierno colegial denuncian que la aplicación de las medidas contenidas en la reforma restringen de forma considerable las actuales posibilidades de recurrir las decisiones judiciales hasta ahora a disposición de los ciudadanos, disminuyendo las opciones de solicitar la revisión de las sentencias.   La Junta de Gobierno del ICAB denuncia que esta medida, que es la que centra la atención pública por su gravedad evidente, viene acompañada de otras no menos lesivas. Así la imposición del pago de una tasa a cualquiera que quiera hacer uso de la potestad jurisdiccional en el orden civil, o la que postula que los litigantes que pierdan un juicio en el orden contencioso-administrativo se hagan cargo de las costas del juicio en todo caso (ahora se imponen con carácter excepcional en los supuestos de mala fe del demandante). Según los abogados baleares este tipo de planteamientos, más que a la efectiva agilización procesal llevan a la disuasión de a la ciudadanía a hacer valer sus derechos, sobre todo a aquellos con recursos económicos más limitados. A modo de ejemplo, señalan que privar de la segunda instancia a quienes reclaman cantidades inferiores a los 6.000 € es tanto como suponer que los jueces nunca se equivocan al resolver bajo ese parámetro cuantitativo.   La misma semana de producirse este comunicado y con posterioridad al mismo, el Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño, tras la reunión mantenida en el Consolat del Mar con el Presidente del Gobierno Balear D. Francesc Antich, destacó sin que nadie le preguntara por ello el esfuerzo inversor que ha hecho el Gobierno central al destinar treinta millones de euros para la mejora de infraestructuras judiciales en el archipiélago balear. Para ello citó la construcción de los nuevos juzgados de Ibiza y de Manacor y las inversiones que ya se están ejecutando en este momento en la sede judicial de Mahón. Antich, al alimón, valoró muy positivamente el esfuerzo que está haciendo “Madrid” al destinar “importantes cantidades de dinero” en actuaciones que supondrán “una mejora de cara a la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos”.   Tras la huelga de jueces ganada por Caamaño, éste aprendió la utilidad táctica que tiene para el control político de la justicia la utilización de su presupuesto. Como en aquel entonces le salió bien callar a jueces con dinero y vacación, ahora emplea de nuevo la misma estrategia. Es la trampa de reducir la problemática de la Justicia dominada a una cuestión de eficiencia y medios materiales, cuando precisamente son síntomas de su subordinación al poder político, no sólo orgánica y funcionalmente, sino también presupuestariamente.