(Foto: sinsistema) Separación de poderes y libertad política   Tras la sentencia del T.C. sobre la participación de “Bildu” en las elecciones del 22 de mayo, un aluvión de críticas, a la sentencia y al propio tribunal, se ha dejado sentir en los medios de comunicación afines a los intereses del PP. Frente a ellas, los medios vinculados al PSOE han solicitado un resignado respeto a las decisiones de tan alto Tribunal.   Entre esas críticas llaman la atención las de quienes manifestaron la necesidad de que los miembros de ese tribunal no fueran nombrados por los partidos políticos en proporción a su presencia parlamentaria. Lo que supone el reconocimiento implícito de la falta de independencia del T.C. respecto del legislativo.   Tales críticas, superficiales y “políticamente correctas”, nos avisan de un problema escondido tras el silencio, pero de importancia capital desde el punto de vista jurídico-político.   La dependencia institucional del T.C. de los poderes legislativo y ejecutivo, pone una vez más en evidencia la “inseparación” de poderes de esta Monarquía parlamentaria. Nos ofrece una mera separación de funciones como sucedáneo de la separación de poderes. Nos encontramos así poder indiviso, único, absoluto.   De otra parte, no es correcto designar como tribunal a un organismo que depende directamente, en su composición, del poder legislativo y del ejecutivo, aunque su función sea la hermenéutica jurídica de la vigente constitución, sus procedimientos recuerden a los judiciales, y su boato y parafernalia imiten la de un verdadero tribunal.   Tampoco es correcto denominar magistrados a quienes no son más que agentes del legislativo y del ejecutivo en la interpretación partidista de la norma política fundamental.   Pues no se puede hablar de constitución sin separación   de   poderes,    y   ésta   sólo   se engendra en el origen mismo del poder; y se produce directamente desde el derecho de sufragio, activo y pasivo, como expresión directa, igual, mayoritaria y libre de la voluntad política de todos ciudadanos.   En definitiva, si la legitimidad constitucional surge de la separación de poderes; y ésta solo es posible mediante la aplicación rigurosa de un régimen electoral que garantice el pleno ejercicio por cada ciudadano de sus derechos políticos democráticos, la conclusión, aunque pueda parecer exagerada, es que en España no tenemos constitución, sino un sucedáneo, mezcla de carta otorgada de derechos civiles y artificio encubridor de un poder único, “inseparado”, del absolutismo del partido o coalición gobernante.   Todo poder del Estado o institución política que pretenda ser fruto de la libertad política de los ciudadanos, precisa fundar su legitimidad en los valores, principios, ideales y dogmas de la Democracia.   Tales valores, principios, ideales y dogmas proscriben taxativamente cualquier género de condicionamiento o limitación al pleno ejercicio de los derechos políticos de todos y cada uno de los ciudadanos.   Por otro lado, si la libertad en el ejercicio del derecho de sufragio, activo o pasivo, se reconoce en democracia a cada individuo, a cada persona, a cada ciudadano, por el mero hecho de ser mayor de edad y no estar suspendido, por sentencia firme, en su ejercicio; la polémica sentencia “Bildu” jamás se hubiera producido en un país gobernado por un sistema democrático. Esa sentencia, cualquiera que sea su contenido, es consecuencia de la carencia de una verdadera constitución, de un verdadero sistema de libertades políticas.   No se puede introducir interdicción alguna a la participación electoral de persona sino no está condenada en firme por delito previsto y penado en el Código Penal.   La llamada Ley de Partidos, presentada por sus mentores, PSOE y PP, como un instrumento legal de lucha contra el terrorismo, para impedir que grupos políticos afines ideológicamente a la banda terrorista ETA estén presentes en las instituciones políticas y distraigan fondos públicos para financiar actos terroristas; es consecuencia del antidemocrático régimen electoral proporcional de listas, que condiciona, limita y restringe el libre y pleno ejerció de derecho de sufragio pasivo, obligando a que los individuos sean incluidos en una lista electoral. Prohibiendo al ciudadano, único titular de los derechos políticos, la posibilidad de ejercer plenamente, sin condiciones ni requisitos, su derecho a presentarse y ser proclamado candidato por la autoridad electoral.   La exigencia preventiva de responsabilidades políticas colectivas a quienes no las han alcanzado aún, contrasta con la carencia de instrumentos políticos y jurídicos eficaces para exigir responsabilidades políticas a quienes ya forman parte del régimen. El régimen protege a los autores de los abusos y desviaciones de poder, encubre la corrupción de sus propios. Exige a otros lo que no requiere a los suyos.   Que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder judicial son órganos partidistas al servicio de la mayoría parlamentaria gobernante, ha quedado flagrantemente patente tras la polémica suscitada por la sentencia Bildu.   Que ninguno de los partidos parlamentarios, a pesar de las críticas a la sentencia y al propio Tribunal, haya planteado reformas constitucionales que nos hagan pensar un futuro de separación de poderes y de respeto al pleno ejerció de los derechos políticos democráticos, es otra de las lecciones que también han quedado claras, y que obliga a los ciudadanos a perseverar en el combate político por conquistar las libertades políticas que el régimen nos hurta.   Esta dictadura electiva de partidos oligárquicos de Estado ha dejado al descubierto, una vez más, su propia naturaleza antidemocrática y cínica.   Bulle en la sociedad, sumergida en la crisis, un sentimiento de rechazo profundo a la situación política, a las instituciones en que se organiza y a la propia clase política. Movimientos cívicos independientes se manifiestan para hacerse oír ante un régimen cuya sordera selectiva solo le permite escuchar sus propios y espurios intereses.   En la calle se nota ya un ambiente de cambio; y como siempre, es la juventud la que brega por un futuro político auténticamente democrático. Es lo que algunos llaman “Democracia Real”, como si la democracia pudiera ser irreal.   Este fermento vivo de los cambios que se precipitan llevará al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional a ser el catalizador de las aspiraciones de libertad y democracia de quienes, desposeídos de sus derechos y de su futuro por la codicia de la clase política partidocrática, desean instaurar un sistema verdaderamente democrático como forma de gobierno y una República constitucional como forma de Estado.   El experimento político de la Transición toca a su fin, la clase política organizada en la partidocracia ha sido incapaz de acometer las reformas políticas necesarias para dar oportunidad a los ciudadanos de que su voluntad mayoritaria fuera determinante de las acciones de gobierno. La corrupción se ha institucionalizado y generalizado, ningún partido es ajeno a ella.   La política se ha convertido en un ágora de idiotas y delincuentes. Los idiotas lo son porque creen lo que los delincuentes les cuentan, y por ello les encubren y defienden mientras expolian el patrimonio y los presupuestos públicos, y causan la ruina de millones de familias.   El MCRC, promotor ideológico y teórico del cambio político más profundo y serio de la historia de España, reúne en sus filas a todos aquellos que, hemos renunciado a posiciones partidistas, y pretendemos la apertura de un periodo constituyente para defender en él un verdadero régimen de separación de los poderes del Estado, desde el origen mismo del poder, que es la voluntad política de los ciudadanos expresada en elecciones libres, directas, iguales y mayoritarias. El establecimiento de mecanismos políticos que aseguren el derecho de los ciudadanos a deponer a sus representantes políticos, el control democrático eficaz y efectivo de la acción de los gobernantes, la garantía constitucional de la independencia institucional de la Justicia.   Hablar hoy de crisis económica, financiera, del paro o de la destrucción de empresas y de empleos, de la crisis social, es obviar que sobre todos estos terribles asuntos existe, aunque se oculte, una crisis institucional lastrada por los intereses partidistas, que impiden la puesta en marcha las soluciones que solo pueden surgir de la libertad de todos los ciudadanos.   Cuanto más tiempo tardemos en acometer esta histórica tarea, mayor será el riesgo de que la sociedad española se vea inmersa en las caóticas consecuencias de una crisis de Estado.