Rosa Díez (foto: UpyD) Querida y estimada Rosa Díez: Me complace dirigirme a ti para hacerte algún comentario al documento Los 12 principales ataques a la Constitución que estos días divulgas, como portavoz del partido político Unión Progreso y Democracia, en el que desgranas varios de los males que sufre la sociedad española actual, entre los que destacas: la destrucción de la solidaridad nacional, la marginación del idioma español en algunas partes del territorio nacional, las decisiones inconstitucionales de algunos gobiernos autonómicos, las diferencias territoriales en los servicios de educación y sanidad, el exilio de ciudadanos del País Vasco y Navarra, la multiplicación y el derroche de las diversas administraciones, los privilegios económicos derivados de los Estatutos -sobre todo de los recientemente reformados-, etc.   De tu queja deduzco que consideras esta Constitución una Carta Magna idónea, deteriorada por varias decisiones políticas, que solamente haría falta reformar para corregir esos males y todas las mutaciones sufridas. Pero el problema, querida Rosa Díez, es que son las decisiones y acciones políticas promovidas por la Constitución que amas o por el tribunal político (Tribunal Constitucional) ante el que se han denunciado sin fruto, los que han conducido a esos supuestos perjuicios.   Deberías saber, estimada Rosa Díez, que el régimen político nacido de esa Constitución y las normas nacidas bajo su manto contemplan la cesión de las competencias en educación y sanidad a esos territorios, la gestión de los tributos del Estado en beneficio de esos territorios (y en los forales aun más, como tú conoces muy bien), el aplazamiento y la aplicación sesgada de sentencias sobre la prohibición del español, la creación de administraciones paralelas rebosantes de lujos y oropeles y muchas cosas más. Como puedes ver son su fruto natural.   Así que la solución, querida Rosa Díez, no está en la simple reforma de esa Constitución sino en su sustitución por otra que contemple al Estado como único depositario y regulador de las principales competencias (educación, sanidad, vivienda, seguridad social, impuestos fundamentales [IRPF, IVA, IS, etc.]) y cuyos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) emanen separada y directamente de la sociedad. Características esenciales de una República Constitucional, de la que posiblemente hayas oído hablar y que te invitamos a secundar.