Los ritos institucionales y el protocolo encierran el significado de las obediencias. En el Reino Unido, por ejemplo, uno de los momentos más pintorescos de la apertura de la legislatura resulta cuando el emisario del Rey (Black Rod) se persona en la Cámara de los Comunes para llamarlos a que acudan a la de los Lores a escuchar el discurso regio. En ese momento recibe un portazo en la cara y debe llamar tres veces antes de ser abierto. Sólo una vez concedido el permiso de entrada en la asamblea, los miembros del Parlamento caminan en procesión a la Cámara de los Lores para escuchar el discurso de apertura del Rey en que desgrana las líneas maestras de la política del ejecutivo al dictado del Gobierno.
En España, uno de los actos más destacados del protocolo de la Justicia es la visita del fiscal general del Estado al Palacio de la Zarzuela para hacer entrega al monarca del primer ejemplar de la Memoria anual de la Fiscalía, que posteriormente es presentada públicamente en el acto de apertura de tribunales de cada nuevo año judicial, que constituye el acto central de su liturgia. En último lugar, el jefe de los fiscales visita la Moncloa para entregar otro ejemplar al presidente del Gobierno que le nombró.
Este documento, que resume las intervenciones de las diferentes fiscalías a lo largo del último año, se hace público sólo posteriormente tras la intervención del fiscal General del Estado en el acto de apertura de tribunales en presencia de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo Fiscal y del propio Tribunal Supremo, y al que también acude el Rey, ataviado con toga y puñetas.
En el caso español el rito también encierra la rendición de cuentas y sumisión simbólica del Ministerio Público al ejecutivo inseparado que ordena su actuación y nombra a su cúpula bajo requisito de docilidad, antes incluso de explicar su actuación en el año cerrado a una farsa de poder judicial, con monarca togado y empuñetado como notario de excepción en ambos casos. En el ejemplo británico se trata de un acto de reafirmación del legislativo que se repite desde que Carlos I entrara en los Comunes en 1642 para intentar arrestar allí a cinco de sus miembros.
