Comenta Juan Ramón Rallo que el anunciado establecimiento de peajes en la red nacional de carreteras puede ocultar un afán de sobrerrecaudación por parte del Estado —es decir, el Gobierno partidocrático de turno—, ya que el mantenimiento de tal red supondría unos 1.300 millones de euros, frente a los 29.500 millones de euros que los conductores pagan en concepto de impuestos de matriculación, circulación, de hidrocarburos, etc. cada año. Evidentemente, ese dinero, aparte de dedicarse a Sanidad y Educación, se consagra también a la industria política, esto es, al mantenimiento —y engrose— de la red clientelar, y a las duplicaciones administrativas del elefantiásico Estado de la Autonomías, no concebido, de ninguna manera, para la desconcentración del poder, sino para su multiplicación, a costa del contribuyente, que, en el caso presente, se vería doblemente gravado, frente al insaciable afán recaudatorio del Estado de partidos, que tiene en este proceder otro modo de controlar la vida de los súbditos y su libertad, siempre, por supuesto, «por su bien».
En este mes que se conmemora el nacimiento del llamado movimiento 15-M, Víctor Lenore echa la vista atrás y lo define como obra de un grupo de jóvenes universitarios de clase media (víctimas de la paralización de la «circulación de las élites» de la que hablaba Vilfredo Pareto, en cuanto testigos del anquilosamiento del corrupto sistema endogámico de cooptación universitario, calcado del político partidocrático), que dejaba fuera de sí a los jóvenes de las clases trabajadoras, «los de abajo». Así, las verdaderas ansias de sus promotores, que eran las de encontrar su lugar en el sistema (por lo que puede llamársele movimiento reaccionario, y no revolucionario), derivó, con el tiempo, en la creación de un partido político, Podemos, que, como el resto de los del Estado de partidos, buscaba, esencialmente, conseguir sus cuotas de poder en el Estado, enarbolando, como señuelo a la par que pretexto justificatorio, los eslóganes de una izquierda identitaria e indefinida que se convierte en portavoz de «colectivos» variables, en los que la antigua «clase trabajadora» ya no tiene lugar, para no tener que chocar frontalmente con el oligopolio económico-financiero que vive en simbiosis con el régimen partidocrático. El incierto destino de esta formación política en la hora actual es síntoma evidente del fracaso del reformismo dentro de un régimen de poder que excluye la separación de poderes y la auténtica representación política, cavando aún más la fosa entre la sociedad estatal de los partidos instalada en el Estado, y la sociedad civil.
Para Luis Riestra la tensión provocada por el rechazo al posible control omnímodo por parte del Estado, «sería resuelta por los mismos ciudadanos al elegir directamente a sus representantes (no listas)». Además, al existir libertad política, la sociedad civil es libre —no como aquí que es un apéndice de los partidos— y contribuye al mejor gobierno, aportando todos soluciones a los problemas (sobre impuestos, gastos, «qué y en qué», inmigración, educación, sanidad, medios públicos de comunicación, subsidios, tasas, energía, etc.). Por supuesto, mientras los liberales debatían estos temas, a izquierdas y derechas los enemigos de la libertad política desarrollaban todo tipo de justificaciones y subterfugios para que los ciudadanos no eligieran, directamente o a través de representantes, su Gobierno, sino que lo hiciera una camarilla de autoelegidos muy listos que saben mejor que el pueblo quién debe representarle. Surge así el sistema electoral proporcional de listas de partido que terminó encumbrando a Mussolini, Hitler y Chávez, o a nuestros «desgobernantes». Esta es, ciertamente, como indica Riestra, la situación que se produce en España donde «nuestro» Gobierno no es representativo (ni nos representan ni se parecen a nosotros) y por ello padecemos personajes como la vicepresidente del Gobierno, sucesora de Iglesias III, y ministra de Trabajo (¿sabrá qué es eso?) para quien «la legislatura comienza ahora» tras reunirse con Rufián, quien, tras decir que «comunismo es igualdad y democracia» (y ha [sic] Colau) añadió «que se lo habían enseñado en su casa», cosa que la legitima para malgobernarnos, decir burradas, enfrentarse a los empresarios, endeudarnos o freírnos a impuestos, aumentando la pobreza de los mayores pobres y los parados de larga duración y dañar aún más la demografía.”
El Papa impulsa una escuela para políticos «nobles» de la mano de una fundación española. Esta escuela que pretendería, entre otras cosas, que sus alumnos «huyan del empleo de las inclinaciones más bajas y egoístas» supone una resurrección de los manuales medievales de los «Espejos de príncipes», destinados a la formación moral del soberano, confiando en que así su actuación política sería justa y edificante, y que tiene, por ejemplo, un eco moderno en la ingenua arenga de Albert Camus a cambiar la política por la moral. Confiar la política, que es la lucha por el poder, a la ética personal de los políticos de un régimen oligárquico sin control mutuo de los poderes asegurado por su inexistente separación actual consagra el viejo apotegma religioso de que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
A raíz de la presentación del llamado proyecto España 2050, recuerda Gregorio Morán que el actual partido en el gobierno partidocrático, el PSOE, —el principal puntal del régimen del 78, que tuvo la habilidad, según Antonio García-Trevijano, de heredar la base social del franquismo— también presentó otro «proyecto de futuro» en 1987, el «programa 2000», cuando la tendencia de voto empezaba a volvérsele en contra. Ahora este Gobierno, tendente a reescribir el pasado, como dice Juan Ramón Rallo, a no gestionar el presente (atento, como el resto de partidos, principalmente a mantenerse en el poder «como sea»), y a huir hacia el futuro (el negociado de la muerte, que podría decir Agustín García Calvo) ha recibido el desprecio, en la presentación de dicho proyecto, de la mayoría de figuras del IBEX. La pantomima, concluye Morán, ha quedado en evidencia cuando el sultán de Marruecos ha decidido enviar una avalancha de miles de personas contra la ciudad de Ceuta, dejando a nuestro régimen oligárquico, nuestra clase dominante, frente al espejo de su propia inopia, y falta de visión estratégica, nocivas de toda evidencia para la sociedad civil, y la nación, de la que es a la postre enemiga por su indiferencia de clase privilegiada instalada en el poder del Estado.
Luis Escribano realiza un análisis del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, incidiendo en el fenómeno de la llamada huida del derecho administrativo, «que no es sino la tendencia creciente en todas las administraciones públicas configuradas en torno a modelo del derecho administrativo de corte continental (diferente al modelo anglosajón), de recurrir de manera indiscriminada a personal, órganos, procedimientos y técnicas propias del derecho privado para el desarrollo de sus funciones, y que, alegando razones de pretendida eficacia en la actuación, claramente eluden de facto o de iure los controles y garantías propios del derecho administrativo, y que dejan a los ciudadanos desprotegidos ante los abusos del poder político». Y añade que ese fenómeno, que favorece la corrupción y la impunidad, «pone en cuestión la propia esencia de la Administración, como organización al servicio de los intereses generales, y del concepto de derecho administrativo, como rama de las ciencias jurídicas dirigida a someter al principio de legalidad a un sujeto privilegiado —la Administración— que asume el encargo de gestionar los intereses colectivos de la sociedad. Lamentablemente, los poderes legislativos y ejecutivos en España están fusionados por mor del régimen partidocrático imperante, que ha facilitado dicho fenómeno ante la irresponsabilidad de los partidos políticos y de los españoles que los apoya en las elecciones».
A raíz del fin del mal llamado estado de alarma, cuando el Gobierno ha delegado en los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. el tomar medidas ejecutivas y/o legislativas, y con motivo de la crisis con Marruecos, en la que el gobierno ha creado una mesa interterritorial para tratar el asunto de la inmigración, Alberto Iturralde y Emilio Triviño señalan que los Gobiernos hacen dejación de su responsabilidad ejecutiva (y en el caso de nuestra partidocracia, también legislativa) para evitar el desgaste político, pues su objetivo es corromperse con los menores quebraderos de cabeza posible, en detrimento evidente de los intereses de los súbditos del régimen.
Sobre el informe negativo emitido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cuanto a la intención del actual gobierno de indultar a los políticos condenados por el llamado procès independentista, Ignacio Escolar señala que «hay un problema en España con la separación de poderes. Pero no es el Gobierno quien está invadiendo competencias que no le corresponden. Es el poder judicial el que pretende ejercer funciones que no son suyas, quien está haciendo política, quien está excediéndose en su papel». El periodista indica en que el problema radica en que hay una «mayoría conservadora» en dicho tribunal, debido al «filibusterismo del PP con las renovaciones del poder judicial: bloquear el acuerdo cuando pierden las elecciones, y así alargar su dominio sobre los jueces unos añitos más. En las últimas dos décadas, el PP y el PSOE han gobernado casi el mismo tiempo: unos diez años cada uno. Pero el CGPJ ha mantenido una mayoría conservadora 15 años de esos 20. Quien controla el poder judicial decide los nombramientos. El resultado a la vista está». Este típico periodista del régimen partidocrático reconoce implícita y explícitamente («quien controla el poder judicial decide los nombramientos») que no existe separación de poderes —y por lo tanto control mutuo entre ellos, para que el ciudadano pueda dormir tranquilo, como decía Hamilton—, pero el problema para este partidólatra no es ése, sino el que sean los «de la otra orilla» quienes tengan más jueces puestos a dedo que los que han puesto los suyos, los «progresistas». No es lógico, pues, que acabe su artículo señalando que son los del PP los que «no cumplen con lo más básico de la Constitución», porque la Carta Otorgada del 78 no habla de independencia del poder judicial, que, obviamente no está, ni se la espera, ni se la concibe, como indican las muestras de bazofia moral e intelectual que nos ofrece la prensa.
