La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aglutina al Gobierno nacional y los Gobiernos autonómicos (excepto País Vasco y Navarra, en este caso) tuvo como motivo fundamental adoptar un acuerdo sobre un recorte en sus gastos de unos 10.000 millones de euros hasta 2013 para alcanzar el objetivo de déficit público marcado por la Comisión Europea. Pero lo único que acordaron es la creación de una Comisión técnica, dentro de dicho Consejo, para que, en el plazo de tres meses, estudie y proponga los programas de gasto susceptibles de reducción y evalúe la eficiencia de cada uno de ellos. Ante un problema grave, este Gobierno nunca obliga a seguir un determinado comportamiento presupuestario, emite informes y crea comisiones para implicar a todos en ese batiburrillo partitocrático llamado consenso. En anteriores reuniones de este órgano se establecieron límites al déficit público autonómico, el 2,75% del PIB interno de cada una de ellas, para que elaborasen sus presupuestos teniendo en cuenta dicho límite. Pero lo hicieron bajo unos escenarios económicos ficticios, incluso alguna de ellas (Cataluña) ya se lo ha saltado y por tanto debe enviar un plan de ajuste a dicho Consejo para volver a la senda de la estabilidad. Precisamente el consejero de Economía y Finanzas de esa Comunidad, Antoni Castell, proponía que cada uno debía ser responsable del déficit generado, sobre todo el Estado que representa el 80% del déficit público español. Esta declaración es la típica demagogia: dice una verdad a medias al ocultar que el Estado se endeuda por falta de ingresos tributarios precisamente para financiar el elefantiásico sector público autonómico. El señor Castell sabe que, salvo en ciertas partidas, el Estado es una agencia de distribución de los recursos a los diversos gestores estatales, autonómicos y locales del gasto público. Al hilo de esta elefantiasis, la organización empresarial catalana, Fomento del Trabajo, ha elaborado un informe, “La metástasis del INI” (en recuerdo del antiguo Instituto Nacional de Industria que concentraba la mayoría de las empresas públicas nacionales), en el que advierte de la proliferación de Entes jurídicos y Sociedades cuyas actividades escapan del régimen administrativo y en muchos casos no obedecen a ningún interés general y además menciona que sus gastos, ingresos y deudas no forman parte de las cifras oficiales de déficit y deuda pública. Cuando el Estado ya había racionalizado este tipo de organizaciones en su actividad y número, ahora han crecido como setas (más de 2.000) en los prados autonómicos. Pongamos un ejemplo, la Comunidad Autónoma de Cataluña(*), que dicho consejero conoce muy bien (se podían poner otros dieciséis más): además de los 15 departamentos de la Administración General y otros “órganos superiores y estatutarios”, tiene 27 organismos autónomos, 52 entes públicos, 5 organismos comerciales, 51 sociedades mercantiles, 10 universidades y participa en 46 fundaciones y 146 consorcios. No es extraño que desee recortar lo menos posible en el Presupuesto de su “miniestado” (en 2010 que se eleva a 39.700 millones de euros), para poder alimentar esta micosis.