La autocontratación es un acto jurídico anulable si alguien lo impugna judicialmente. Su plazo de prescripción es de cuatro años, pero si la nulidad es debido a otros vicios del consentimiento, el plazo de prescripción se eleva a 15 años. Esto es lo que el máximo responsable de Bankia, el banquero Goirigolzarri, sabe y ha esgrimido frente a la pretensión de Rodrigo Rato de llevarse 1,2 millones de euros tras quebrar el banco. Él mismo impuso su contrato y blindaje al Consejo de Administración y esa autocontratación es nula de pleno derecho.
Todos los banqueros de las cajas de ahorro quebradas que se agruparon en Bankia o fuera de ella están en el punto de mira por esta ley que eleva a los 15 años la prescripción de sus delitos. Si se aplicara en España, los banqueros y directivos de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia tendrían que devolver el importe de sus autocontratos blindados por haber recibido ayudas del FROB (es decir, del Estado, osea de los contribuyentes). Y afectaría a todos los banqueros, desde 1997 hasta hoy por cuya gestión las cajas han quebrado, afectando igualmente a Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco de Valencia, Caixa Catalunya, Novacaixagalicia y Unnim. Sin embargo nada de esto ocurrirá, como sucedió en Islandia: la ausencia de división de poderes en España, una Constitución jurídicamente chapucera, la debilidad de la sociedad civil y la glotonería de la partitocracia dependiente del Estado provocan que estos banqueros, además de haber arruinado a sus entidades y haberse enriquecidos ellos, salgan de la situación impunes.
