A ciento once días ya de la imputación del Sr. Urdangarín por los delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal se emitía “Independizar la Justicia”, esta vez con el Letrado D. José Luis Escobar en lugar de la habitual participación de D. Jesús Santaella, ausente por compromisos profesionales ineludibles, y con la intervención de D. Antonio García-Trevijano. La primera noticia a tratar por los debatientes fueron las declaraciones del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) D. Carlos Dívar eludiendo pronunciarse directamente sobre la posibilidad planteada por la Presidente de la Comunidad de Madrid Dña. Esperanza Aguirre acerca de la devolución de las competencias autonómicas en materia de Justicia a la administración central, pero significando que en todo caso habría que escucharse la opinión del órgano de gobierno de los jueces.
Tanto Escobar como García-Trevijano coincidieron en la contradicción de tal respuesta esquiva cuando a la vez está interesando la consideración de la opinión del CGPJ. La explicación lógica se destapó a las claras en el debate como la severa politización de la Justicia de la que es ejemplo precisamente quien no quiere pronunciarse expresamente pero intenta hacer equilibrios para asemejar un imposible rescoldo de independencia. Igualmente los juristas intervinientes recordaron la promesa del Presidente del Gobierno de renovar las vocalías del CGPJ y los Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) antes de verano, lo que aconsejaba la cautela en quien tiene en relación de dependencia directa la renovación de su cargo.
Buena parte del programa fue ocupado por la confirmación de un hecho adelantado al inicio de la legislatura por el Sr. Trevijano, como es la estrategia conjunta de los Ministerios de Interior y Justicia para acentuar las penalidad represora en concentraciones públicas y manifestaciones, con reflejo en la elección del propio Sr. Gallardón como Ministro, cuya experiencia como fiscal se adapta a esa actuación coordinada. El repaso habitual a la actualidad judicial de los distintos casos de corrupción pasaba como cada semana inevitablemente por el “caso Noos” y la aparición de nuevas cuentas en Luxemburgo titularidad de Sr. Urdangarín y su socio Diego Torres, vaciadas en importe aproximado del millón de euros iniciada ya instrucción de la causa. Tanto García-Trevijano como Escobar adelantaron la posibilidad de actuación delictiva en alzamiento de bienes y obstaculización punible de la acción de Justicia en este actuar.
El caso Campeón, que parecía desinflarse, ofrecía jugosas novedades. La declaración como imputado de un Notario implicado en el supuesto alzamiento de bienes de Dorribo, añade un nuevo ingrediente a un asunto cada vez más oscuro. Asimismo la declaración de la exministro de Economía Dña. Elena Salgado como testigo en la causa, sirvió como argumento y demostración de los privilegios de la clase política en la forma de evacuar sus testimonios ante la Justicia, ya que se ha acogido al derecho a hacerlo por escrito, lo que supone un grave quebranto de los principios de inmediación, contradicción y oralidad propios del proceso penal.
El repaso a la actualidad terminaba con el último revolcón a la labor instructora del suspendido Juez Garzón en el caso Pretoria, que queda así en agua de borrajas, y al auxilio material a la Juez Dña. Mercedes Alaya por el Ministerio de Justicia proporcionándole un segundo Juez de apoyo para los asuntos ordinarios de su Juzgado y que pueda así afrontar los magros casos de corrupción en sede o como son el Caso Betis y el de los ERE fraudulentos.
Pedro M. González 16/04/12
