El Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, ha llamado dos veces a nuestro Presidente del Gobierno (poco antes de aprobar el “tijeretazo” a los funcionarios y el día anterior a la convalidación del Decreto Ley sobre la reforma laboral); a finales de mayo el subsecretario para asuntos económicos de la Secretaría de Estado de EE.UU., José Fernández, se dio un paseo por España para otear el panorama español, por orden de su jefa Hilary Clinton; la semana pasada el secretario adjunto del Tesoro de EE.UU., Charles Collins, hizo una visita a Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda de España, a gentes del gabinete del Presidente del Gobierno y a su antiguo jefe en el FMI, Rodrigo Rato, para que le informasen sobre nuestra situación; esa misma semana Dominique Strass-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional visita al Presidente del Gobierno para aplaudir las medidas tomadas y las que va a tomar; y para los próximos días se espera la excursión de un grupo de “expertos” de la Reserva Federal de EE.UU. Por si fuera poco el Presidente de Francia y la Canciller de Alemania mantienen sendas conversaciones con nuestro Presidente y con el Jefe de la Oposición, Mariano Rajoy; y el presidente del Banco Central Europeo da recomendaciones a nuestra ministra de Economía.   ¿Todos estos acontecimientos son casualidades, meras noticias rutinarias, visitas de protocolo o pasos calculados de una “Hoja de ruta” diseñada para España? Semana tras semana hemos visto a nuestro Gobierno y a nuestro Parlamento (lugar de autómatas políticos) aprobar medidas que hace un año no se les habría pasado ni por la imaginación. Cada bloque de medidas aprobado ha venido precedido de una reunión o conversación de alguno de los personajes mencionados: el recorte del gasto público realizado, la modificación de las normas laborales y la revisión del sistema público de pensiones son producto de aquellas causalidades.   Aparentemente son meras noticias de la sociedad política, debajo esconden las verdaderas razones: los bancos alemanes, franceses y americanos, que poseen una gran parte de nuestras deudas públicas y privadas, han visto a España en quiebra técnica (“Spain Default”); la Unión Europea tiene pánico a que una España con un Gobierno que no controla su territorio, convertido de facto en un conjunto de reinos de taifas, sea otra ficha de dominó que desate una nueva tormenta financiera de dimensiones imprevisibles; y la Reserva Federal de EE.UU. quiere vigilar el destino de una parte de los prestamos que está realizando al Banco Central Europeo (“exchange   swap   line”)    ya    que   se   está convirtiendo en “prestamista de última instancia” de la Unión Europea.   El miedo a que una nueva crisis financiera aparezca en una Europa deslavazada, plagada de mandarines, que no posee un Gobierno con competencia en toda ella, donde los intereses industriales y financieros de EE.UU. se vean afectados, es el “animal spirit” de este nuevo huracán, una de cuyas plasmaciones es la conversión de España en un pequeño Protectorado económico para evitar su multimillonario “rescate” (pensaban llamarlo “líneas especiales de crédito”, para no asustar a los ciudadanos).