Al Capone La definición de la mafia como una industria de la protección procede de Diego Gambetta, uno de los mayores investigadores de ese fenómeno. Los mafiosos ofrecen a sus clientes, amigos y cómplices, la entrada en ámbitos de impunidad, desigualdad y privilegio. Los medios y procedimientos que sirven para “amparar” pueden utilizarse igualmente para explotar a los protegidos, del mismo modo que esas Fuerzas Armadas que sojuzgan a sus compatriotas en lugar de defenderlos de los enemigos exteriores.   Este modelo criminal puede servir para entender mejor las peculiaridades de ciertos regímenes políticos. Un historiador describe así las primeras semanas del Tercer Reich: “las circunstancias normales vueltas del revés: ladrones y asesinos actuando como fuerza de policía, disfrutando de toda la panoplia del poder del Estado, sus víctimas tratadas como criminales, y proscritas”. Hitler, Stalin y Mao urdieron gigantescas campañas de terror para exterminar de manera preventiva, entre millones de víctimas, a enemigos y competidores internos.   Entre 1943 y 1945 Perón crea una poderosa clientela, al reforzar enormemente la posición política y económica de los sindicatos, concediéndoles un papel fundamental en las negociaciones colectivas. A partir de 1947, el movimiento “justicialista” procede a “peronizar” la Administración del Estado, las universidades, los medios de comunicación y el Tribunal Supremo. Después, las victorias electorales de 1948 y 1951 permiten a Perón aniquilar al opositor Partido Radical y encarcelar a su máximo dirigente, Ricardo Balbín.   El Estado de Partidos, basado en el reforzamiento de su propia capacidad de dominación y la maximización de los beneficios que produce la corrupción, proporciona a sus clientes y vasallos servicios de protección que van desde la restricción de la competencia a la creación de espacios de impunidad: constructores que pagan comisiones para recibir adjudicaciones de obras, comisarios políticos y sindicales que sólo permiten la contratación de sus afiliados, magistrados que cumplen designios extrajudiciales, periódicos o cadenas de televisión que censuran o deforman noticias sobre empresas y autoridades a las que desean favorecer a cambio de compensaciones económicas o administrativas.