Los Gastos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2009 (PGE-09) ascienden a 364.203 millones de euros, el 32% del PIB previsto para dicho ejercicio y se asemejan a una prórroga de los PGE-08 + un 4,2%. El mantenimiento de las instituciones básicas del Estado (Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana, Política Exterior), la cobertura de las pensiones públicas y el desempleo, el servicio de la Deuda Pública, las aportaciones para la financiación de la Unión Europea y las Administraciones Territoriales representan casi el 80% de todos los gastos; así que el margen de maniobra es mínimo. Euro estarcido (foto:gibarian) No abordan los principales problemas de la sociedad española porque los típicos servicios públicos de un Estado moderno, como educación, sanidad y vivienda, que sirven para mejorar la vida de los ciudadanos, tienen una relevancia menor en el montante de los presupuestos (3%) y están transferidas a las Comunidades Autónomas. Y en manos de éstas no han conseguido la eficacia perseguida, a la vista del lugar que ocupa España en los informes internacionales publicados ni han servido para cohesionar la sociedad española. Las actividades públicas que en teoría sirven para dinamizar la economía, mantener el equilibrio territorial de la sociedad española y fomentar la productividad de los diversos sectores, como es el caso de la investigación civil y militar, las infraestructuras y la regulación de los mercados agrarios y pesqueros (de los fondos europeos FEAGA y del FEADER), el comercio y el turismo, la industria y la energía, representan el 10,7% y son empleadas en el mercado político como moneda de cambio: votos afirmativos a los PGE-09 a cambio de infraestructuras, o como pago por los votos recibidos. Su eficacia y su eficiencia quedan en entredicho por el Banco Central Europeo (BCE) al publicar que España ha perdido 17 puntos en el índice de competitividad europeo desde la creación del euro y al reprochar que sus productos, junto con los de Italia y los de Portugal, son los que peor se defienden en los mercados internacionales (ver su informe “Globalización y competitividad”).