La quiebra del Popular es solo un episodio más en la imparable degradación de España desde el nefasto Régimen del 78, que nos robaría la democracia, y donde la corrupción institucional y personal, el nepotismo, el despilfarro y la incompetencia más sangrantes han sido sus grandes señas de identidad. La caída del Popular comienza por una desastrosa gestión, impulsada por un Banco de España que ignora la advertencia incontrovertible de sus inspectores sobre la inminencia de una gran crisis inmobiliaria. Desde entonces, no ha habido tropelía ni mendacidad de la que no fueran capaces para ocultar la realidad. La cúpula del Popular, como en otros bancos y cajas, entraría en forma tan irresponsable como desproporcionada en la financiación inmobiliaria, ignorando riesgos y acudiendo a financiación masiva externa a corto para prestar a largo, algo sencillamente de locos.

Los culpables, Ángel Ron —que recibió una indemnización de 26 millones de euros— y su equipo de insensatos, que se han ido de rositas, como todos los golfos y ladrones ciegos de avaricia que partidos políticos y sindicatos pusieron al frente de las cajas en sustitución de los honrados profesionales, llevándolas a la ruina. Emilio Saracho se hace cargo del Popular en febrero y comete un error inaudito: dar como buena la auditoría de PricewaterHouse y los informes conscientemente falsos del BdE, cuando era un secreto a voces que el banco estaba quebrado con un déficit de provisiones cercano a lo 8.000 millones. Cuando se da cuenta de la verdad, empieza a explicar que el banco es un desastre, lo que solo sirve para empeorar las cosas. Empiezan a retirarse depósitos, y accionistas de referencia como Blackrock liquidan todas sus posiciones, la cotización se hunde mientras el regulador que conocía la realidad de sobra sigue mirando para otro lado.

¿Por qué el BdE no actuó ya en 2016?, ¿por qué la CNMV no prohibió hace semanas las posiciones cortas, o al inicio del hundimiento masivo no suspendió la cotización? ¿Por qué Méndez de Vigo —un cretino integral portavoz del Gobierno— afirma el día 2 que todo está perfecto en el Popular? Incompetencia elevada a infinito, complicidad de los reguladores, sabedores de la situación real del banco, todo en manos de la casta política del 78, que ha colocado a dedo a legiones de ineptos, parásitos y ladrones en sustitución de los profesionales. El resultado, una profecía autocumplida: el banco entra en situación de iliquidez porque se ha provocado el pánico sin que los reguladores hagan nada. El banco quiebra ante la iliquidez, 300.000 accionistas y bonistas han perdido todo su dinero, y miles de empleados serán despedidos, aparte de perder sus ahorros que el banco les obligó a invertir en acciones del mismo, un drama inimaginable.

Ahora bien, ¿que gente relevante con acceso a información privilegiada ha vendido, y/o especulado a la baja, contra el banco? La CNMV tiene todos los datos. ¿Se exigirán las responsabilidades previstas en la ley? Los pequeños accionistas y bonistas serán como siempre los grandes perdedores, pero también hay grandes accionistas como la ‘sindicatura del Popular’, que agrupa a las familias históricas que controlaban el banco, o sea el Opus. Hace dos años, sus acciones valían más de 2.000 millones, hace una semana, 300, hoy, cero. Justo castigo por poner y mantener a un loco peligroso como Ron al frente de su banco. Increíblemente, el Opus y sus terminales mediáticos tratan ahora de exculpar a Ron y cargar contra Saracho, que fue un capullo, pero en ningún modo el responsable del desastre.

¿Un pelotazo histórico o una grave carga?

Muchos se preguntan si Ana Patricia Botín ha acertado quedándose con un banco plagado de incertidumbres. Mi opinión personal, después de hablar con algunos expertos conocedores de hechos y cifras, es que se trata de una excelente operación aprovechando inteligentemente una ocasión única. Única porque solo el Santander estaba en condiciones de realizarla, el BBVA está en Babia con un presidente que parece no creer en la banca tradicional y sí en la banca ‘online’, una manera segura de llevar a la irrelevancia a un banco tradicional. La Caixa no tiene recursos y el recabarlos al mercado hubiera supuesto el debilitamiento del núcleo duro nacionalista, algo a lo que no están dispuestos, y un banco extranjero, imposible, porque cada vez se concentran más en sus países y áreas habituales.

Si la cotización en bolsa es una guía, los mercados, con una subida de la acción del 5% jueves y viernes, están asumiendo que ha sido una buena decisión. Lo que es seguro es que ha habido una profesionalidad de primer nivel en la gestión y realización de la compra. El Santander conoce perfectamente el valor de los activos tóxicos del Popular, que liquidará ordenadamente, pero a la mayor velocidad posible; la entidad se sanea pero no se fusiona con el Santander, por lo que al final del día tendrán un negocio bancario limpio de polvo y paja, con fuerte implantación en pymes y autónomos y con sinergias operativas y comerciales muy importantes. Estiman una rentabilidad mínima del 14% con tipo de interés negativo, aunque ven más probable que alcance el 20%; si suben los tipos, se irá al 30%-40%.

De otro lado, la compra se realiza no a los accionistas sino al Mecanismo Europeo de Resolución. Aunque legiones de abogados se están ofreciendo a los accionistas y bonistas engañados y van a disparar en todas direcciones y a todo lo que se mueva, y durará años, la barrera del BCE es infranqueable y el Santander no tendrá que responder de nada, y no ha pagado un euro, como dicen los juntaletras patrios, sino mas de 7.000 millones, que es lo que tiene que meter. Quienes sí tendrán que responder son Ron y los suyos, cuya incompetencia y avaricia ha llevado el banco al desastre, por mucho que les protejan el Opus, los supervisores del BdE y la CNMV, que han mirado para otro lado desde el principio, y el auditor PricewaterHouse.

Saracho podía ignorar la ruina que era el Popular, pero el BdE lo sabía de sobra, como sabe de sobra que no es el único banco español quebrado, e hicieron y hacen lo mismo que desde 2008: mentir sin recato sobre la situación real y no tomar medida alguna. Es gratis. Los litigantes no recuperarán nada porque el Popular no valía nada, estaba quebrado, otra cosa es que el BdE y Price hayan mentido. Pero pueden conseguir procesar a los responsables, lo que sería genial, entre ellos De Guindos, cuyas mentiras sobre la realidad económica son de auténtico escándalo. ¿Recuerdan a este tramposo afirmando que el rescate bancario no costaría un euro a los contribuyentes, y ya van más de 60.000 millones y sigue, o hace días —como buen miembro del Opus— afirmando que el Popular no tenía problema alguno?

Hacia el abismo: jueces del pueblo y delitos impunes de lesa Patria

Hace dos domingos, en un estremecedor artículo titulado “El fiscal Moix y la rebelión de los ‘jueces del pueblo“, se explicaba el proceso por el que la Fiscalía Anticorrupción se ha convertido en un reino de taifas donde los fiscales, muchos de ellos de izquierdas, campan por sus respetos. En palabras de uno de los más reputados penalistas de Madrid, “con sus excepciones, es gente poco recomendable, muy ideologizada, cargada de filias y fobias, energúmenos que circulan con el cuchillo en la boca y que han puesto el principio de legalidad en el arroyo”, “la situación está descontrolada”, afirma un exjuez de la Audiencia Nacional, “y no hay nadie en el Gobierno capaz de poner orden”. Como dijo un conocido juez, “los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo”, solo faltan los “soviets de barrio” para vigilar y juzgar qué quiere implantar la guerracivilista de Carmena.

Se trata de un proceso parecido al registrado en las cúpulas policiales de la mano de Zapatero, que el cobarde patológico de Rajoy, a pesar de tener todo el poder, no revirtió. Y ahora van a por él. También es lo que pretenden los sindicatos en la Agencia Tributaria, exigiendo la contratación de 5.000 comisarios políticos con pruebas a medida, que irán también con el cuchillo en la boca a por los contribuyentes. O el caso más grave del Tribunal Constitucional, o de la jurisdicción penal, o sea el Tribunal Supremo, que como denuncia García Trevijano, el mejor pensador político español del siglo XX, “el TC, sin jurisdicción para ello, invade competencias que no tiene, y mientras no objeta las dos amnistías fiscales del PSOE, declara nula la del PP. Y el Tribunal Supremo que, como Rajoy, no hace nada para perseguir el gravísimo delito de la sedición catalana, poniendo en riesgo cierto la unidad de una nación que se constituyó hace 1.400 años y se consolidó hace más de 500 con la expulsión de los invasores musulmanes”.

O lo ocurrido en la enseñanza, donde el carné de izquierdas es más importante que el conocimiento y el 80% de los profesores carece de competencia para explicar las enseñanzas a su cargo, lo que ha destruido el gigantesco ascensor social que fueron en su día las universidades públicas. O la Sanidad, cuya desastrosa gestión por políticos enchufados y sindicalistas ha casi doblado su coste. Nadie cumple con su obligación, la situación está fuera de control en manos de personas incompetentes y fuertemente ideologizadas, cuando no llenas de odio. “Alguien tiene que poner freno a esto”, afirma un importante magistrado del Supremo, pero nadie va a hacerlo, tenemos lo que nos merecemos, es lo que hemos votado.