Alan Greenspan (foto: ptufts) En las últimas décadas, los discípulos de Milton Friedman han dirigido la economía mundial, arrumbando los cánones de la vieja economía de ahorros por los de la “nueva economía de deudas”, patrocinada por Alan Greenspan al frente de la Reserva Federal, y sustentada en los fondos de cobertura de riesgo (“hedge funds”) o las inversiones alternativas, y la contabilidad invisible de los paraísos fiscales. Este capitalismo de la desregulación y el flujo ilimitado del crédito, empantanado en el barro de la quiebra y la recesión, se bate en retirada.   Asombra la clarividencia de Rudolf Hilferding al divisar una fase moderna de nuestro sistema económico caracterizada por la abolición de la competencia en la que se produciría una creciente dominación del capital financiero sobre el industrial. La organización crediticia que nace de un capitalismo desarrollado tendría como consecuencia inevitable la dependencia de la industria respecto a un “Gran Cartel Bancario” que “ejercería el control sobre toda la producción social”.   Este teórico del austromarxismo señaló que el carácter anárquico de la economía mercantil es uno de los factores que desencadenan unas crisis que estarían asociadas a la caída de la tasa de ganancia y al exceso de capital invertido, de tal manera “que sus condiciones de explotación contradicen las de su realización” y “la venta de los productos no rinde ya el beneficio que hace posible una expansión y acumulación ulteriores”. Hilferding, socialdemócrata alemán, fue un pésimo ministro de Finanzas en la República de Weimar.   En ninguna época el poder del capital financiero ha sido tan abrumador y devastador como en la nuestra. Detrás de los bastidores, los magnates del dinero, con la anuencia de las oligarquías políticas, han determinado las coordenadas del acontecer histórico en el que estamos inmersos. Y en España, lejos de cualquier teoría consistente pero cerca de toda práctica oportunista, Zapatero (en estrecha relación con el capital financiero o abrazado a Botín), después de un plan de salvamento bancario cuyo objetivo era reactivar la economía, anuncia la concesión de un crédito público de 11.000 millones destinado fundamentalmente a la creación de un Fondo Extraordinario de Inversión para la realización de obras locales, que desahogue a unos ayuntamientos estrangulados.