La judicialización de la política se produce siempre que los partidos políticos tienden a resolver sus diferencias mediante la desviación a procesos judiciales de cuestiones cuya solución es política. La politización de la Justicia es el fenómeno inverso, desembocando en el imperio de la Razón de Estado. Si mediante la reflexión inteligente fácilmente se puede llegar a comprender que ambos fenómenos no son sino lógica consecuencia y caras distintas de la misma moneda de inseparación de poderes, por muy poco riguroso que se sea en la observancia de las sanas costumbres de toda sociedad que se reclame democrática, cualquiera los contemplaría como resultados no deseados de la actuación tanto política como judicial, es decir y en suma, como corrupción institucional.   Parece no ser así para la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Dña. Gabriela Bravo, quien afirmó sin rubor que la politización de la Justicia “no debe verse como algo peyorativo” y que la judicialización de la vida política “no se debe considerar un fracaso”. Con tales palabras se dirigió la representante del gobierno de lo judicial a una estupefacta audiencia en las IV Jornadas sobre Justicia como fuente informativa, organizadas por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, durante la mesa redonda “Los Juicios como arma política: politizando la justicia y judicializando la política”. Para la Sra. Bravo, las expresiones “politización de la justicia” y “judicialización de la política” se utilizan “con cierta frivolidad” (sic.), otras veces de una manera “absolutamente injusta y negativa” (¡!), y “normalmente de forma equivocada y peyorativa” (¿?). En su opinión, si la actuación y las funciones del juez cobran una dimensión política importante en la vida de los ciudadanos “no es peyorativo ni tampoco significa que la Justicia de este país quede mermada, quede politizada, sea menos independiente, o parcial”.   Perdón al lector por las citas constantes, pero el espectacular ejercicio de cinismo de quien es voz y representante del supuesto gobierno de los jueces lo merece, ya que no contenta puso la guinda recordando que desde la promulgación de la constitución de 1.978 “nos encontramos con la irrupción de los jueces en la vida política del país, pero de una forma positiva porque el protagonismo, la relevancia o la presencia de la intervención judicial en el día a día no tiene mayor justificación ni mayor causa que el cumplimiento estricto de sus funciones constitucionales de tutelar los derechos de los ciudadanos y controlar a los gobernantes respecto a sus posibles responsabilidades penales”. Control a los gobernantes y clase política que precisamente la han elegido a ella y a sus compañeros del CGPJ   para  sus  puestos.   Nada  mejor   que dejarlos hablar al calor de sus amos, en este caso arropada en el mismo acto por el vocal de la Comisión de Justicia del Congreso, Manuel de la Rocha (PSOE) y del senador D. Luis Peral (PP) que acudía en sustitución de D. Federico Trillo, diputado y portavoz de su partido en la misma comisión. Vamos, dando doctrina y ejemplo al mismo al tiempo.