Advertimos estos días, la estupefacción que muestran los tertuliantes afines y los portavoces de los partidos de la oposición al señor Pedro Sánchez que, escandalizados, se hacen cruces por las decisiones que está tomando el inefable presidente del Gobierno en funciones. Se les llena la boca de constitucionalismo democrático, de líneas rojas, de traición, de la venta y desmembramiento de España, de la amnistía, de los continuos cambios de opinión en aras del fin superior de mantenerse en el poder, del desprecio a su propio programa electoral, y esto es, efectivamente, muy grave y muy peligroso. Pero lo hace, simplemente porque puede hacerlo, porque la misma Constitución del 78 que dicen defender, con acompañamiento de gestos y muecas, nació preñada del oprobio que ahora denuncian.

Denunciando sus consecuencias sin entrar en la causa, intentan ocultar la mentira política de un régimen que, independientemente de su origen corrupto y alevoso, es capaz de llegar a concentrar en el jefe del Ejecutivo, el control político de todos los poderes del Estado, quedándose éste libre en sus acciones, de toda traba institucional o ciudadana. Una fiscalización a la que renuncian hipócrita y voluntariamente, en la confortable sala de espera de la bancada de una oposición que a nada se puede oponer, entretanto llega su momento. El que ostenta «el poder», ostenta todo el poder del Estado, objeto supremo y codiciado por la natural e irrefrenable ambición política.

La tendencia natural del poder político es la de crecer y expandirse, ampliando los limites de sus competencias en una constante revolución que quiere abarcarlo todo. El presidente Sánchez o cualquier otro, pasado o futuro, puede hacer simonía con España, poner su honorabilidad y la dignidad de su cargo en almoneda para mantenerse en «el poder», que no habrá ningún otro poder que se lo impida o sea capaz de frenarlo; alguna protesta lejana entre bostezos, desde la aburrida sala de espera, todo lo más.

Por esto, la Constitución del 78 no es la solución, es el problema: la causa primera del poder sin control.

En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, podemos leer «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución».

Si nos ceñimos a texto de tanta solera, podemos afirmar que España carece de Constitución. Porque no constituye la separación efectiva de los poderes ejecutivo y legislativo en origen, en elecciones separadas y a doble vuelta, porque el sistema electoral proporcional anula la representación política del ciudadano, impidiendo el control de la acción de gobierno por parte de la nación, representada en el Parlamento mediante diputados de distrito elegidos también en segunda vuelta. Porque el órgano de gobierno de jueces y fiscales carece de independencia, al ser nombrados éstos por los partidos en su chanchullo de cuotas y pactos. Porque la mera existencia de un tribunal político como es el Tribunal Constitucional convierte a dicho Tribunal en constitucionario y en fuente de Derecho, como bien explica Pedro M. González en su artículo «Oportunismo constitucionario», para este mismo diario.

Ni una sola de las instituciones españolas, escapa al criterio de oportunismo político en la sinarquía de los partidos incrustados en el Estado.

La Carta otorgada del 78, ha conducido indefectiblemente a un régimen orgánico de poder, necesitado del alumbramiento de una sociedad igualmente orgánica, vaciada, dúctil, homogénea y concebida como un «ser»,que está por encima de sus integrantes, bajo la forma de un protectorado social.

El poder, en su continua revolución, ha arrastrado consigo al Estado, transformándolo de estático, -El Estado franquista era un Estado estático, que proporcionaba la paz social, aun a costa de la represión- en dinámico que, «instrumentaliza el Derecho al servicio de sus fines, enemigo de la sociedad, a cuya costa prospera y en este sentido entrópico, cuyo objeto inmediato es la movilización total, en último término, la guerra», (Dalmacio Negro Pavón en el prólogo a Sobre el poder, de Bertrand de Jouvenel).

Nunca a lo largo de la historia, habíamos percibido el mefítico aliento del poder tan de cerca. España es un país descentralizado burocráticamente, pero también ayuntamientos, diputaciones y CCAA, son meras concentraciones de poder, de poder sin control.