La confusión mediática sobre la huelga de jueces que hoy tiene lugar es reflejo de la propia confusión de un sistema institucional que, al no establecer la existencia de un Poder Judicial independiente, deja irresuelta la dicotomía entre poder y servicio ante la que las llamadas “voces autorizadas” no parecen querer tomar partido, o bien prefieren optar por la ubicuidad.   Pero un poder del Estado no puede ser al mismo tiempo un servicio sin caer en la más estrepitosa inconsistencia para toda teoría constitucional mínimamente exigente. El poder es consustancial al Estado, el servicio no lo es. El axioma por el cual Max Weber caracteriza al Estado como aquella organización que asume, dentro de unos lindes territoriales definidos, “el monopolio de la violencia legítima”, implica que el Estado no puede enajenar el ejercicio de tal violencia; en suma, no es libre de renunciar al poder por el que se define, sin negarse a si mismo. El Estado no puede renunciar a gobernar, legislar o juzgar sin dejar de ser Estado. El poder no es privatizable a menos que el Estado acepte su propia desaparición. Los servicios sí pueden serlo, pues no es por la prestación de éstos por lo que el Estado se define, y por tanto su enajenación o delegación en manos privadas es asumible sin incurrir en inconsistencia alguna con aquello que define al Estado en cuanto tal.   Los planteamientos ideológicos, y en particular la socialdemocracia, incapaces de elevar una teoría del Estado por encima y al margen de los principios que como ideologías los definen, mezclando forma con materia, no estarán en condiciones de entender esta distinción fundamental. No obstante, cuando los medios de comunicación caracterizan la función judicial como servicio, incurren en una impostura que no puede ser más que fiel reflejo de un sistema impostor que, en efecto, simula la existencia de un Poder Judicial independiente y de hecho lo reduce a una función administrativa comandada por el ministro del ramo en nombre del Poder Ejecutivo. Que al tener sujeto al Poder Legislativo por la antidemocrática vía del parlamentarismo, se erige en dueño y señor del juego institucional. Que los jueces en huelga quieran sentar al otro lado de la mesa de negociaciones al señor Ministro de Justicia, ignorando así al Consejo General del Poder Judicial, demuestra, en efecto, que han entendido a la perfección la situación de dependencia jerárquica a la que se sujeta el ejercicio de su profesión.   Que tal distribución de papeles en este conflicto no cause mayor escándalo o protesta por parte de los medios de comunicación, inmersos como están en el propio contenido de las reclamaciones, ajenos a la cuestión formal previa que aquí se plantea, equivale a aceptar sin discusión el propio marco institucional en el cual este conflicto se ha planteado.