Presupuestos Generales del Estado (foto: Institución Futuro) PGE-2011: el mito   La propaganda institucional y los medios que la secundan nos tienen acostumbrados a considerar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada ejercicio como uno de los acontecimientos más importantes de la política del Estado. No cabe duda de que es un instrumento de política económica muy importante en manos del Gobierno para intervenir en el sistema económico, un augurio de su comportamiento (en base a las acciones esperadas de muchos actores nacionales e internacionales) y un cúmulo de influencias en el devenir de la sociedad española. Pero no es cierto que sea una norma tan importante como pregonan, pues su valor reside en ser receptora de mandatos de otras normas que van exigiendo las pertinentes reservas de crédito.   Hoy día los PGE se han convertido en el resumen de muchas letras firmadas con antelación (endeudamiento y su coste), la síntesis de innumerables quimeras elaboradas en jardines plutocráticos (salvar al sistema financiero en quiebra técnica a costa de los contribuyentes), el pago de favores realizados y/o esperados (beneficios a zonas cuyos grupos políticos han apoyado o apoyarán al gobernante de turno) y la promesa de convertir a la nación española en una Arcadia feliz (repleta de políticos de sonrisa bobalicona y aldeas confederadas en plena armonía).   Cuando el papel del Estado ha quedado como actor residual en la prestación de servicios públicos por haber cedido competencias de capital importancia a la Unión Europea y a las Comunidades Autónomas (esas aldeas confederadas); cuando los créditos aprobados pueden ser modificados desde el primer día de su vigencia mediante una batería de expedientes administrativos; cuando los ingresos son meras estimaciones y un cúmulo de oníricos deseos para que la realidad se adapte a esos pronósticos; y cuando cualquier Decreto Ley puede modificar sustancialmente cualquier recurso tributario o cualquier aumento de Deuda Pública; ¿Qué importancia puede tener la norma que aprueba los PGE?   A modo de resumen: en 2011 el conjunto del Estado pretende gastar 362.460 M€ (el 33,5% del PIB previsto para ese año) a través de Ministerios, Organismos autónomos, Entes públicos y demás follaje pseudoadministrativo que crece en el bosque del sector público estatal. El 80% de esa cifra se dedicará a pagar los servicios públicos básicos (19.731 M€), las pensiones públicas (112.216 M€), los préstamos que otros utilizarán (46.797 M€), los intereses de los préstamos que están vivos (27.461 M€), el subsidio de los desempleados (30.474 M€) y las aportaciones a la financiación de las Administraciones Territoriales (39.438 M€) y de la Unión Europea (12.117 M€). ¿Qué le resta al Estado para influir en la economía nacional?   Para hacer frente a esta ingente lista de gastos sueñan (estiman, prevén) con ingresar 272.363 M€ (fundamentalmente en cuotas de la Seguridad Social y tributos del Estado) y acudir a los mercados financieros (al coste y primas de cada momento) para aliviar la necesidad de endeudamiento de 90.100 M€ (un 8,3% del PIB). ¿Podremos los ciudadanos resistir con esta carga?….. (Continuará).