Pactos ficticios rotos (II)* Esta Constitución, defendida en su día por el PCE como emblema de la “reconciliación nacional”, consagra una combinación absolutamente letal para toda posibilidad de control democrático del poder: la inseparación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el sistema de representación proporcional mediante listas, que la inconsistencia teórica de políticos y periodistas quiere hacer “abiertas”, como si ello disminuyese en algún grado el efecto que sobre la representatividad tiene la “ley de hierro de las oligarquías” denunciada por Robert Michels. Es ocioso insistir en la obviedad de que tal combinación pone al parlamento al servicio del gobierno y deja por tanto en una pura ilusión toda noción de contrapeso entre poderes. Pero no es extraño que tal situación no sea objeto de mayor análisis por el PCE: la clase política es conservadora por naturaleza. Un sociólogo tan notable como James Meisel ya hizo una descripción suficientemente ilustrativa de las tendencias a las que inevitablemente se abandonan estos grupos: el ya mencionado “consenso”, es decir, la falta de transparencia democrática, el intercambio y la resolución de conflictos en reuniones de despacho y no en los foros públicos de debate; la “conciencia de clase”, es decir, la conciencia de pertenecer a un grupo con intereses comunes que deben ser objeto de protección frente a posibles ataques exteriores, y como corolario de ambas, coherencia de propósitos y objetivos entre sus miembros.   Todos esos factores explican el proceso por el cual se llegó al “pacto constitucional” que ahora el PCE denuncia como incumplido. Pero no hay un cuestionamiento, por parte de los comunistas españoles de aquel modus operandi del que ellos fueron partícipes; a lo sumo, el apunte de que “el referéndum del 78 fue lo menos parecido a la decisión soberana de un pueblo, al que sólo le dieron dos opciones: Monarquía Parlamentaria o Franquismo sin Franco". Por qué entonces aceptaron este proceder es algo que no pueden explicar, pues les llevaría a cuestionarse por completo la historia de los últimos 30 años y el papel desempeñado por la oposición antifranquista en la evolución de los acontecimientos. Con el riesgo evidente de que el beaterio desencadenado por el 30º aniversario de la Constitución de 1978 quede al descubierto como la manipulación política que es.   Prosigue el comunicado del PCE alentando un “Proceso Constituyente a favor de una Tercera República cargada de derechos sociales, económicos y ambientales, de paz y amistad con los pueblos, y con una democracia participativa de calidad". La confusión de la fórmula es notable, y es de imposible concreción o plasmación en texto constitucional alguno. La “amistad con los pueblos”, suponiendo que la definición de un concepto tan vago e inespecífico esté fuera de discusión, no es algo que quepa regular por decreto alguno, que a lo sumo puede imponer la “alianza entre estados”.