El Partido Comunista de España acaba de dar por roto el llamado “pacto constitucional” por razones que, examinadas por separado, ilustran bien la confusión reinante, común a izquierda y derecha, sobre los conceptos de Constitución, democracia, y federalismo, tan caro a ciertos planteamientos de la llamada izquierda, de escaso desarrollo teórico y muy endeble teorización por parte de los que se dicen defensores.   Sostiene el comunicado emitido por la dirección del PCE que "se han recortado las libertades políticas y la calidad democrática está bajo mínimos". Pero tal desarrollo de los acontecimientos estaba ya in nuce en el propio “pacto constitucional” que el PCE da por fracasado y del cual el PCE fue uno de los promotores.   La ausencia de libertad política está en el origen del camino emprendido por el PCE, y una senda viciada en su origen no podía más que conducir al resultado que ahora el PCE lamenta. En lugar de la libertad política, el concepto premoderno de consenso, o, en términos más descriptivos, la oscura y secreta transacción entre facciones enfrentadas para alcanzar un estado de cosas igualmente beneficioso para todos los grupos en liza, desdibujando por tanto las diferencias iniciales y convirtiendo la política en un negocio de la exclusiva incumbencia de las oligarquías políticas.   En lugar de la ruptura democrática, la “reforma”, o, en jerga tramposa de la oposición antifranquista, la “ruptura pactada” y, por tanto, la aceptación de una monarquía legitimada por el mismo régimen al que el PCE se opuso y legitimada por segunda vez por una Constitución consensuada entre unos partidos a los que los electores no otorgaron poderes constituyentes, porque las elecciones convocadas en 1977 no respondían a tal finalidad.   Ahora un Partido Comunista pulverizado en sucesivas elecciones, e ideológicamente perjudicado por el hundimiento de los regímenes de la Europa del Este, busca las razones de su fracaso en la traición a un supuesto “pacto” que habría de hacer viables la “planificación democrática de la economía” o “el derecho a la vivienda”: derechos estos dependientes de variables que una Constitución difícilmente puede controlar y asegurar.   Por el contrario, lo que el comunicado del PCE ignora deliberadamente es aquello que verdaderamente define a una Constitución, aquello en lo que coinciden tanto la Declaración de los Derechos del Hombre emanada de la Revolución Francesa como la lucidez y agudeza de un jurista tan notable como Carl Schmitt: la separación de poderes, que ninguno de los partidos firmantes de ese “pacto constitucional” quiso garantizar.