La semana pasada la Portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Dña. Gabriela Bravo, hizo un llamamiento al consenso de los partidos para pactar sobre la Justicia durante un encuentro con periodistas españoles y extranjeros organizado por el Club Internacional de Prensa. A su juicio, la reforma del sistema judicial es imperativa y urgente y debe afrontarse “desde” (sic.) un pacto de estado. Problemas que aquejan a la jurisdicción “a pesar de inversiones meritorias” realizadas en los últimos años que no han solucionado, según Bravo, su “falta de eficacia y eficiencia”.
Sin embargo, de la misma forma que la voluntad plebiscitaria regional no puede alterar la materia de los que nos viene dado independientemente de la voluntad, como es la nación, tampoco la clase política, por muy consensuada que sea la decisión, puede pactar lo que sea justo. La Justicia no es democrática ni deja de serlo. Es nada menos que instrumento y condición necesaria para que la Democracia exista. Y si su gobierno, administración y presupuesto no están separados de los poderes políticos del estado, no existe institucionalmente.
La experiencia del devenir de lo judicial paralelamente a lo político demuestra que en España cada nuevo “Pacto por la Justicia” se concreta en otra vuelta de tuerca para sojuzgar la facultad jurisdiccional del estado a los partidos. Partiendo de la articulación constitucional en el año 1.978 de la independencia judicial como algo personal inherente a la condición particular y como atributo tan sólo de jueces y magistrados, pasando por las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de toda la legislación procesal. El pacto significa transacción, y transar sobre la Justica es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas según de sus cuotas de poder. Cada nueva legislatura exige un reajuste institucional de la “justicia” correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.
Bajo el velo traslúcido del pacto de estado se amaña la futura renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial. La designación política de los Magistrados del Tribunal Constitucional en forma directa, e indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia cataliza la necesidad de pactar entre vencedores y vencidos.
Los delegados de la política en el órgano de gobierno de lo judicial sólo transmiten lo que ya está pactado de antemano en las sedes de los partidos. La necesidad de formalizar el pacto es una demanda del CGPJ creada a posteriori de la oferta de aquellos, únicos agentes políticos reconocidos constitucionalmente. Es la farsa de los jueces y fiscales progresistas y conservadores. El consenso sobre la justicia solo precisa después la bendición de las asociaciones judiciales, ávidas de poder en su permanente anhelo de convertirse en sindicatos judiciales en el estado.
