Después de ver los despilfarros (una parte del iceberg) del Estado y de las Comunidades Autónomas (miniestados que nos transportan a lo más oscuro de nuestra Edad Media), envueltos en demagógicas actuaciones tendentes a la consecución del “Estado del Bienestar”, el tercer pilar está compuesto por aquellos entes que gestionan una parte de nuestro gasto público: las Administraciones locales, un bosque plagado de criaturas cuya identidad aun está en discusión.   Durante muchos años nos han vendido que este tipo de administraciones estaban más cerca del ciudadano, conocían mejor sus necesidades y el efecto multiplicador de su gasto público era más acusado que el conseguido en los otros niveles, pues incidían en sectores de gran valor añadido (urbanización de terrenos dedicados a zonas industriales, abastecimiento y depuración de aguas, transporte colectivo de viajeros, viales urbanos, etc.). Pero la expansión de sus gastos de forma incontrolada, financiados con tributos ligados al negocio inmobiliario, transferencias del Estado y endeudamiento, que esperaban amortizar con sucesivas recalificaciones de terrenos, también les ha llevado a situaciones cercanas a la bancarrota (los Ayuntamientos de Navalcarnero o de Madrid han sobrepasado los 2.000 euros de endeudamiento por habitante, el ayuntamiento de Jerez de la Frontera solamente pudo pagar a sus ¡¡2.500 empleados!! parte de su nómina del mes de mayo, 800 euros a cada uno, aunque, gracias a los adelantos recibidos del Estado, pudo completarla).   En la vorágine de la descentralización autonómica se olvidaron de racionalizar esta parte de nuestra administración pública a fin de hacerla más eficiente en la prestación de los servicios públicos que tiene encomendados. Por un lado el minifundismo municipal (de 8.115 municipios, 4.800 tienen menos de 1.000 habitantes), ha hecho que proliferen administraciones de segundo nivel que han pretendido suplir sus carencias y han conseguido duplicar o triplicar funciones1. Por otro lado los grandes municipios, gracias a “leyes de modernización”, han llenado sus plantillas de directores, gerentes, asesores y demás criaturas bien pagadas que no han hecho más eficientes sus servicios, sino mucho más caros.   Ante esta situación, y a la vista de lo que ha puesto en marcha Grecia eliminando dos tercios de sus municipios, se alzan voces (políticas y profesionales) que piden fusiones de municipios con dimensiones óptimas para evitar su bancarrota y eliminaciones de muchas  de esas entidades  de segundo nivel. De poco servirá el cambio de organización si sus dirigentes siguen saliendo de las Listas electorales presentadas por los Partidos Políticos en vez de los representantes de cada barrio o núcleo de población del municipio. Sin este cambio democrático aquel otro será, como decía una vieja canción de Pink Floyd: “another brick in the wall”.   1 Un enjambre de entidades pululan entre el Municipio y la Comunidad Autónoma: 38 diputaciones comunes, 3 diputaciones forales, 7 cabildos insulares, 4 consejos insulares, 1.012 mancomunidades, 81 comarcas, 4 entidades metropolitanas, 73 agrupaciones, otro tipo de entidades que pueden crear (como las veguerías catalanas) y cientos de consorcios que gestionan servicios públicos locales.