En el ómnibus legislativo todo cabe. En un Estado de poderes inseparados, sin un legislativo que represente mayoritariamente a los ciudadanos, la concreción de la norma se somete irremisiblemente a las necesidades del partido en su cuota de poder proporcional. La indispensable concatenación entre necesidad social de la norma, propuesta al representante, elevación por parte de éste a la asamblea legislativa, aprobación y posterior aplicación judicial independiente resulta del todo imposible. Más que de Ley Ómnibus, debería hablarse de totum revolutum, ya que la aprobada por el Congreso el 17 de Diciembre último modifica nada menos que 47 leyes estatales, 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales, y eliminará 16 regímenes de autorización previa de sectores tan dispares como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura y la sanidad pretendiendo nada menos que así, de golpe y plumazo la liberación del sector servicios. Sin embargo resulta imposible liberalizar uniformando legislativamente dada la necesidad de detalle que precisa cada acción humana y que, en el ámbito legislativo tan sólo se puede traducir en norma eficazmente mediante un sistema de representantes que puedan recoger de manera eficaz esa información tan dispersa socialmente como difícilmente articulable. Sólo la representación mayoritaria por distritos electorales uninominales relativamente pequeños puede realizar tal función, ya que la representación proporcional en listas de partido impide inevitablemente que tal transmisión de la información útil se lleve a efecto. La “Ley Ómnibus” es buen ejemplo de ello tanto en su contenido material, como en la postura ante ella de los supuestos “legisladores” que se traduce en simple interés partidista.   Por eso mientras el PSOE arguye como motivo de la correosa norma la necesidad de adaptación de la legislación nacional a las directivas comunitarias, el PP, a través de su diputado D. Celso Delgado subrayó la falta de consenso de la norma criticando que no era necesario que el sector del transporte fuera incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva de Comunitaria de Servicios. Arrimando el ascua a su sardina, el diputado de CIU D. José Sánchez Llibre mostró también su disconformidad por considerar que se invadían competencias comunitarias, lo que se apresuró a suscribir desde el PNV el diputado D. Emilio Olabarría. La ausencia de verdaderos representantes que legislen y de justicia separada hacen imposible que una sola ley de tal heterogeneidad y amplitud cumpla un objetivo tan ambicioso como el que se refiere en su exposición de motivos: Impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del producto interior bruto y del empleo en España.