«Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos», dijo el que fuera ministro de Justicia con el Partido Popular, don Alberto Ruiz-Gallardón. Ciertamente que el espectáculo era obsceno, bastante más que la propuesta que hacían de que fueran las asociaciones de jueces quienes eligieran. Sabido es que, en el Estado de partidos español, a estos no se les escapa ni una sola cuota de poder, por lo que la correa de transmisión de los partidos políticos en esas asociaciones judiciales son más que claras. Y, como suele suceder en el alto funcionariado (y los jueces se comportan como tales funcionarios), el perfil ideológico «conservador» prima sobre el «progresista», por lo que la propuesta del ministro de Justicia era una jugada propia de un mal tahúr del Misisipi. O Misisipí.

Pero ni ese ministro ni ese Gobierno del que formaba parte, ni ninguno otro del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pretende —permítanme la intertextualidad— acabar con el obsceno espectáculo de ver a jefes de partido nombrar a los diputados que pueden contrapesar el poder de esos mismos jefes de partido. Y en esas nos encontramos nuevamente, esta vez para las votaciones del 23 de julio.

Cualquier persona que esté mínimamente al cabo de los acontecimientos políticos nacionales, podrá leer como Pedro Sánchez ha determinado quiénes irán de número dos y cuatro en las listas por el PSOE de la provincia de Madrid, acompañándolo a él. O como la causa principal de desacuerdo entre Sumar y Podemos (Yolanda Díaz y Pablo Iglesias), es si van a ir Irene Montero y Ione Belarra en las listas y en qué orden.

Lo anterior sucede en la franja izquierda del arco parlamentario; en la franja derecha las aguas están más calmadas. Los éxitos del 28 de mayo y la previsible victoria del 23 de julio hacen que vayan a tener más puestos que personas: diputados, senadores, consejeros autonómicos, asesores en gabinetes, directores generales, viceconsejeros, secretarios de Estado, ministros, concejales, diputados provinciales, etc. Será por denominaciones…

La sociedad española está tan adocenada y acostumbrada a este obsceno vodevil, más propio de la vulgaridad de un cabaret barato itinerante que de una comedia de Lope de Vega, que ve con naturalidad este intercambio de cromos, de naipes marcados, sin llegar a atisbar la obscenidad moral que, para una presunta democracia, ello conlleva. La ciudadanía española sigue siendo privada de uno de los principios básicos de la democracia formal: la representación de los ciudadanos en el poder legislativo. Nadie, a estas alturas de la historia política de España, desde el 15 de junio de 1977 (fecha de las primeras elecciones generales), puede defender que los diputados que salgan electos el 23 de julio representarán a los ciudadanos que les vayan a votar o, como dicen en una especie de misterio de la transustanciación divina, vayan cada uno de ellos a representar a toda la nación política. No hay nada como disolver la responsabilidad entre muchos para que al final el desastre no sea responsabilidad de nadie.

Y tampoco veo a personaje alguno que seriamente pretenda acabar con el obsceno espectáculo de ver pactar a unos con otros cargos, puestos y prebendas, traicionando los programas con los que concurrieron y a los votantes que los refrendaron. Es cierto que Núñez Feijoo anda con el mantra de la lista más votada, pero en Canarias parece que eso no les va, y ya se atisba pacto entre perdedores para gobernar. Y además el pacto será con un partido que se define como nacionalista, quien en su ponencia política (se puede acceder a ella en internet) de 23 páginas sólo menciona cinco veces la palabra España y en la que la frase más favorable a nuestra patria es la siguiente: «Es importante que en el lenguaje sepamos identificar a Canarias como nuestro país y a España como el Estado del que formamos parte y con el que, naturalmente, también compartimos muchas expresiones de identidad común». Con estos va a pactar el Partido Popular. Y como actores secundarios o como mero cameo, un partido insularista de la isla del Hierro y el chiringuito de playa que emprendió don Casimiro Curbelo en La Gomera cuando lo echaron del PSOE por aquella sauna. ¿No es obsceno presenciar este pacto? ¿Qué pensará el votante canario de semejante espectáculo? Quizá que mejor el 23 de julio visitar el Loro Parque o el Teide.

Y también podría centrarme en mi región, Asturias, donde nuestro actual y futuro presidente, según titular del diario El Comercio, de 7 de junio de 2023, «condiciona el acuerdo para el nuevo gobierno—autonómico— a los pactos municipales con IU». Es decir, que primero a ver qué pasa en los Ayuntamientos, que se formarán el 17 de junio, y luego hablamos de la comunidad autónoma, que sobran días. Y por ello puede llegar a agotar todos los plazos posibles para ver cómo fructifican esos acuerdos (pactos o transacciones, en definitiva) y luego decidir sobre el Principado. Es decir, estas actuaciones sólo vienen a demostrar que el núcleo fundamental de los Gobiernos no son las decisiones de los votantes, sino las de los partidos políticos. Para otra muestra, otro titular del diario E l Comercio, de 31 de mayo de 2023: «PSOE y PP preparan ya sus listas al Congreso y Senado para Asturias». Y la noticia señalaba que «los militantes— del PSOE— decidirán en primarias quiénes ocupan los puestos del dos al siete en la lista a la Cámara baja, ya que Adriana Lastra ha sido designada directamente por Barbón, presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana». En el resto de los partidos, serán directamente las cúpulas de los mismos los que designen a los que conformarán sus listas, sean luego o no refrendadas por los militantes. ¿Para qué perder el tiempo en tonterías?

Vivir en una mentira conlleva a vivir de mentira, y a los más listos (oligarcas políticos o económicos, pícaros de baja estofa o estafadores de guante blanco y cuentas paradisíacas) a vivir de la mentira en mera apariencia de verdad, lo que don Antonio García-Trevijano señalaba el «como si…». Y en España llevamos viviendo en un Estado que aparenta actuar como si fuera una democracia. Tenemos votaciones cada cuatro años (o cada tres, o cada dos, o cada uno), tenemos expresa referencia constitucional al poder judicial, tenemos referencias a la separación de poderes, pero es pura apariencia, pura actuación que se termina cuando baja el telón. En definitiva, es puro teatro de un espectáculo bochornoso que nos sigue dejando huérfanos de libertad política, de democracia y, en definitiva, de dignidad propia de los hombres libres.

Por eso yo tampoco votaré el 23 de julio.