Ante el fiasco de la política económica de Rajoy -que no ha dejado de vendernos como una “excelente gestión económica” cuando, en realidad, ha sido un desastre que ha llevado a la economía a una situación de agotamiento extremo y ha generado una gigantesca burbuja de deuda y gasto-, increíblemente se alzan voces en la clase política y en los medios clamando por la subida de la presión fiscal, sin que nadie se haya parado a analizar ni un segundo el despilfarro oceánico que supone el Estado de las autonomías, donde se multiplican los gastos más inauditos y estrafalarios sin control alguno. Donde, además, las duplicidades, redundancias y excesos superan los 100.000 millones de euros anuales. Que pretenda mantenerse este dislate aplastándonos a impuestos es un robo inaceptable.
La riqueza creada (PIB pm) durante su legislatura ha sido cero -1,07 billones en 2011 vs. 1,075 en 2015– y, a la vez, ha endeudando a la nación como jamás en el pasado -340.000 millones solo en deuda PDE-; ha elevado la deuda exterior a 1,7 billones, la mayor del mundo en términos de PIB. Ambas arruinarán el futuro de las próximas generaciones. Ha recortado salarios, precarizado el trabajo y empobrecido a la mayoría de la población; ha culminado la quiebra del sistema de pensiones, los futuros jubilados solo se repartirán lo que haya, cobrarán un 40% menos, y los actuales un 20% menos cuando se agote la caja de las mismas. Y ha elevado la presión fiscal al mayor nivel de nuestra historia.
Además, en medio de una situación política delirante, donde las ambiciones personales de cuatro insensatos tienen paralizada a la nación, la economía está desacelerándose y los beneficios de bancos, cuyas cotizaciones han caído más del 40% en un año, ya ni les cuento. Es intolerable que el BdE mienta descaradamente hablando de un crecimiento de 0,7 cuando todos los indicadores se han desplomado. El consumo de electricidad corregido ha pasado de +2,6% en el 4T15 al -0,7. El crecimiento de ventas en grandes empresas ha caído a la mitad, el consumo aparente de cemento en un tercio, la matriculación de vehículos de carga fuertemente correlacionada con la inversión igual, y el índice de producción industrial un 50%.
Los indicadores de confianza caen más aún. El de sentimiento económico desciende, el de confianza en el consumidor se hunde -del +1,6 en el 4T15 al -2,5 en el 1T16 –, el de confianza industrial también se desploma del +0,3 al -1,9. Pero hay más. El paro registrado cayó en 124.000 personas entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, y creció en 1.300 entre diciembre de 2015 y marzo de 2016; los afiliados en alta en la Seguridad Social, que habían subido en 279.000 personas, han caído en 2.600 en los mismos periodos comparativos, lo que faltaba para acabar de hundir al sistema de pensiones cuyo déficit 2015, estimado en 20.000 millones, ha duplicado el de 2014.
Y la guinda del pastel: la recaudación fiscal ha caído un -1,47%, algo absolutamente incompatible con un crecimiento de la economía del 0,7, y amenaza gravemente la estabilidad de las cuentas públicas del lado del ingreso. Del lado del gasto, la nueva clase política demagoga, ignorante y barriobajera que ha llegado al poder exige también su parte del pastel y llegan con tal ansia de despilfarro que, por ejemplo, en Valencia se han comido en tres meses el déficit permitido para todo el año. Ni siquiera el blindaje del BCE de nuestra prima de riesgo ha podido evitar su deterioro, aunque sin él España suspendería pagos en semanas.
Despilfarro sin control y sin límites
El pasado miércoles, el diario ‘El País’ en su editorial, haciéndose eco del parecer de la casta política, afirmaba que la economía española no puede sostener otro ajuste porque dañaría la reactivación y que la desigualdad hace intolerable la reducción del gasto social. Proponía subir impuestos empezando por sociedades, algo que como todo el mundo sabe es esencial para la reactivación de la economía; subir la tasa media del IVA, cuando el efecto de la última subida sobre el consumo fue devastador, etc. Un puro dislate mientras nadie habla del verdadero problema: el nivel de despilfarro, duplicidades y excesos de todo tipo que supone el Estado de las autonomías, un modelo demencial y único en el mundo en que nadie rinde cuentas de nada, ni existe coordinación ni control alguno.
Nada que ver no ya con un Estado descentralizado, tampoco con uno federal o incluso confederal, donde el funcionamiento de cada parte está estrictamente regulado por la Constitución, mientras que la nuestra, una auténtica chapuza con más agujeros que un colador, no regula absolutamente nada, no delimita competencias, no establece controles, no define las relaciones interadministrativas, deja todo a la voluntad política, lo que se ha traducido en un océano de nepotismo, despilfarro y corrupción como jamás se había conocido en un Estado moderno. El gasto descentralizado asignado a las CCAA es muy superior al de países con estructura federal como Alemania, EEUU o Canadá, pero incluyo mayor al de países con estructura confederal como Suiza.
Es absolutamente inmoral y económicamente disparatado afirmar que hay que subir impuestos cuando tenemos un modelo de Estado donde se gasta sin control alguno. Pero no son solo las CCAA, tenemos además 8.116 municipios de los cuales un 47% tiene menos de 500 habitantes -y 1.135, menos de 100-, hay 8.116 alcaldes y 68.464 concejales, alcaldes y concejales que en las grandes ciudades tienen coche con chófer y secretaria y asesores, algo inaudito que no ocurre en ninguna capital de Europa. En Reino Unido hay 19.680 representantes locales. A la hora de acometer recortes en el gasto público, durante los últimos años, países como Alemania, Italia, Grecia y Portugal han reducido drásticamente el número de municipios. Y faltan aún diputaciones y cabildos.
En España no se ha acometido ningún tipo de recortes porque las clase política no está dispuesta a perder pesebres para sus correligionarios, sus parientes y sus amigos -“la democracia está muy bien, pero lo más importante es crear puestos de trabajo bien remunerados para todos los demócratas”, diría el ministro socialista Enrique Múgica en 1982, la idea central que ha presidido todo este disparate histórico-. Y resulta que la propuesta de la banda de los cuatro, a quien lo único que importa es el poder para colocar a sus legiones y arreglar el déficit, es subir impuestos cuando la presión fiscal sobre el trabajo y sobre la familia media es una de las más altas de la OCDE.
Autonomía en España es “sinónimo de falta de límites, de ausencia de evaluación, de comparación o de rendición de cuentas. Significa descontrol total y la práctica desaparición del Estado, justo lo contrario de lo que ocurre en los estados federales. Bajo la bandera del sacrosanto principio de autonomía organizativa, se ha dado patente de corso a todo tipo de desmanes organizativos, desigualdades salariales o disfuncionalidades administrativas” (1). Las CCAA han sido responsables además del saqueo y la quiebra del sistema de cajas de Ahorro que tanto había ayudado a los españoles más humildes durante 170 años. Es escandaloso que en lugar de acabar con este océano de despilfarro y corrupción, lo único que se les ocurre es subir impuestos, cuando desde 2008 nos han subido o creado 85 figuras tributarias. En 2014, nuestra presión fiscal subió más del doble que en la OCDE.
La cuantificación del desastre autonómico
Las dos grandes partidas del gasto autonómico se refieren a Sanidad y a Educación, y cuando se habla de recortar o de controlar el gasto, los dirigentes autonómicos claman diciendo que no tolerarán recortes en estas dos partidas. Pero lo que estos políticos incompetentes y venales ocultan es que desde 2001, cuando estas competencias les fueron transferidas insensatamente por Aznar, han multiplicado el gasto sanitario por dos y el gasto en educación por seis, sin que la calidad de los servicios recibidos por los ciudadanos haya mejorado lo más mínimo, antes al contrario. ¿Cuáles han sido los motivos? Los habituales, decenas de miles de enchufados, proyectos megalómanos que permiten comisiones a juego, fragmentación y caos en la contratación, particularmente en farmacia.
Por tanto, lo primero es devolver al Estado las competencias en Sanidad y Educación donde, aparte otro tipo de consideraciones como la igualdad entre los españoles y que la enseñanza sea enseñanza y no adoctrinamiento y falsedad, el ahorro sería de unos 20.000 millones. Y estamos hablando no de recortar un euro en Sanidad y Educación, sino de gestionar mejor y de poner en la calle a los cargos de libre designación, a las legiones de enchufados y a centralizar la farmacia, que supone la mayor partida de gasto y que hoy en el mejor de los casos es un cachondeo: y en el peor, ya se imaginan. Las CCAA son las que más caras pagan los medicamentos de la UE. Y, por supuesto, cerrar al menos la mitad de las nuevas universidades, porque es mucho más barato enviar los alumnos a Harvard que darles la formación basura que reciben y condenarles al paro una vez licenciados.
Luego viene el gigantesco entramado público empresarial. Las cifras de gasto y de empleados de las empresas públicas autonómicas y municipales son casi imposibles de precisar porque la ocultación y la falta de transparencia es la regla. Realizando extrapolaciones a partir de CCAA cuyos costes se conocen (Valencia), el entramado empresarial autonómico con 2.338 entes, cuenta con 180.000 empleados con sueldos muy superiores a la media de la Administración, enchufados en su totalidad, lo que proporciona a los partidos y sindicatos la posibilidad de colocar a decenas de miles de parientes y amigos sin control alguno. Y el gasto asciende a 37.500 millones. De esta cifra, la mitad puede eliminarse sin problemas, esa fue otra promesa incumplida de Rajoy. A esto habría que sumar los empleados y el coste de los 5.460 entes municipales para los cuales se carece de datos fiables. En conjunto, pueden recortarse sin problemas unos 30.000 millones.
Después están las duplicidades entre AAPP, un despilfarro de unos 36.000 millones que debe eliminarse de inmediato. Y, además, sumen el coste de los 300.000 empleados públicos dedicados a imaginar, implantar y vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos -más de 100.000- más disparatados que puedan imaginarse, creados para dividir España, para dificultar el comercio, la creación de empresas y en definitiva un freno gravísimo al crecimiento y a la productividad. Y, finalmente, los miles de millones en subvenciones sin control alguno. “No se ha justificado ni un solo euro”, dice la Guardia Civil respecto a las gigantescas subvenciones en Andalucía. ¿Y para financiar este robo masivo nos quieren aplastar a impuestos?
Y termino con la gran mentira: que la presión fiscal en España es baja, algo falso de toda falsedad. ¿Cómo es posible que después de la mayor subida de impuestos de la historia, la presión fiscal haya pasado del 37,2% en 2007 al 34,4% en 2015? Lo he explicado hasta la saciedad, desde 2008 se ha venido sobrevalorando sistemáticamente el PIB, tanto que el PIB real es hoy un 20% inferior al oficial, el tema es tan escandaloso y tan grave -la deuda PDE sería de 126%, el déficit oficial del 6,5% y la presión fiscal del 43%-, que un grupo de personas estamos preparando la denuncia ante Bruselas para exigir a la Comisión auditar las cifras de Contabilidad Nacional.
Pero es que, además, todos los análisis de fiscalidad sobre las familias o sobre el trabajo de la OCDE o de la Tax Foundation muestran justo lo contrario, que es una de las mas elevadas del mundo. Tres ejemplos sangrantes: el IRPF en EEUU es la mitad que en España; en Transmisiones, una herencia puede llegar a tener que pagar hasta el 34%, frente al 15% de la media de la OCDE. Y Patrimonio, el impuesto injusto posible. España es uno de los cinco países (los mas ricos) que aún lo mantienen, y estamos a la cabeza: tenemos el tipo máximo mas elevado de toda la UE, entre dos y cinco veces más.
(1) ‘El coste del Estado autonómico’ (UPyD).
