Otra institución objeto del actual mercadeo de los partidos estatales es el Defensor del Pueblo. Junto con los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros del Consejo de Administración de la televisión pública se incluye en el pasteleo de designación a quien haya de ocupar este cargo de defensor.
El Defensor del Pueblo no es más que un adorno institucional de esta monarquía de poderes inseparados. Ni defiende nada ni representa más que al consenso de los partidos que lo eligen.
Si los gobernados contaran con verdaderos representantes sometidos al mandato imperativo de sus electores elegidos independientemente del ejecutivo y con una justicia separada en origen de los poderes y facultades del estado, no se necesitaría tan floral como inútil figura, la cual al fin y al cabo no es sino otra prueba más de la arbitrariedad institucional y poder uniforme de la justicia de la razón del Estado de varios partidos que en él cohabitan.
Llamar «pueblo» a los gobernados es un recurso para apelar a la bonhomía de quien dice defenderlo dándole prestigio frente al común. El uso demagógico de la palabra para crear una ficción que sustituya la realidad de lo político no es nuevo. El concepto de soberanía popular, sin ir más lejos.
Esta vez se trata de dar un efecto bruñidor a lo que no es más que otro cementerio de elefantes para los quemados de la política, premiando los servicios prestados en una institución tan inútil como prescindible si existieran diputados de distrito. El Consejo de Estado (¿un Estado aconsejado?), los Consejos de Administración de las empresas energéticas o de grandes corporaciones se le equiparan como retiros dorados.
Sin embargo, «el pueblo», los gobernados, están indefensos frente al poder único de los partidos que controlan el Estado, suplantan a la nación y someten a la Justicia desde la elección de sus cuadros de mando hasta su presupuesto. De eso su «defensor» no dice ni pío.
Y es que puede decirse sin temor a equivocación que en un país en el que exista el Defensor del Pueblo no hay democracia puesto que de concurrir los elementales principios que configuran esta forma de gobierno (representación y separación de poderes) no tendría sentido algo así.
