Cuando la Justicia se suplica y las sentencias se dictan en nombre del jefe del Estado, el derecho se convierte en simple gracia administrativa. Más allá de meros formulismos rituales, tales expresiones forenses son anuncio y advertencia para quien a ella acude.
Acompañado por la ministra de Justicia, Dña. Pilar Llop, D. Felipe VI presidió en Barcelona el pasado 29 de noviembre la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Además, el Monarca también compartió el acto con la fiscal general del Estado, Dña. Dolores Delgado, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Lesmes, y el presidente del Tribunal Constitucional, D. Pedro González-Trevijano.
En su discurso el Rey pidió a los nuevos jueces que se volcaran en defender la «legitimidad constitucional y moral del poder judicial».
Curiosa llamada a un texto que sólo garantiza que la política designe y retribuya a la Justicia, como escenificó la fotografía final de los protagonistas del totum revolutum de la inseparación de poderes que son ejemplo vivo de la vacuidad del discurso regio. Tal valor digno de protección sólo puede referirse al pacto entre la jurisdicción y la política elevado a la categoría de razón de Estado. Del rebus sic stantibus de esta monarquía de partidos. Y no se romperá mientras no estén separados en origen los poderes del Estado.
Solo así se entiende una frase del discurso del monarca que encierra y resume la concepción fascista de la ida estatal totalitaria: «Las instituciones de toda sociedad son esenciales para hacer realidad la idea de estado».
Es la seguridad jurídica de que el crimen de Estado jamás será castigado, el latrocinio administrativo en masa permanecerá impune y la corrupción de la Justicia será retribuida convenientemente en el escalafón en función del cumplimiento de las órdenes, expresas o no, del jefe. Parece no importar. Caminemos, pues, ciegos, hacia otro pacto por la Justicia que dure no ciento cincuenta, sino mil años.
