A Vicente Carreño
Me cuenta mi amigo y repúblico excelente Vicente Carreño que los miembros del Tribunal Constitucional (TC) amenazan con que si no se renuevan los puestos caducados y nombran los miembros de sus plazas vacantes “se verán obligados a tomar medidas”. Medidas que Sus Excelentísimas Señorías además dicen que serán “drásticas”. Uno, aunque escéptico por naturaleza, desconfiado en política y objetivista en lo filosófico, no pudo sin embargo evitar tener un fulgor cerebral de un microsegundo pensando: Ya está, ahora es cuando dimiten en bloque y piden la disolución primero y liquidación después del órgano parajudicial.
El destello neuronal, como digo, duró muy poco. Lo suficiente para recordar la dimisión en grado de tentativa de los Excmos. Sres. D. Eugenio Gay, D. Javier Delgado y Dña. Elisa Vera. En aquella ocasión después de levantarse de su estrado, pero inmediatamente antes de volverse a sentar de nuevo, Gay había referido que “tenía la sensación de formar parte de un Tribunal secuestrado”. Y es que en España esto de la dimisión irrevocable cobra un sentido cierto de lo que en cualquier sitio es mero pleonasmo. Y si quien puede lo más también puede lo menos, está claro que quien no puede lo menos tampoco con lo más.
Medida drástica sería plantarse delante de D. Carlos Dívar, el Sr. Torres Dulce y D. Alberto Ruiz Gallardón para exigirles el suicidio colectivo (en términos institucionales, no se me entienda mal) del TC, el CGPJ en pleno, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, cesando en sus funciones hasta que no se convoquen elecciones entre todo el orbe jurídico a la Presidencia de un Consejo de Justicia al que se transfieran las competencias propias de esas descompuestas instancias políticas. Y que hasta que esto no suceda y se acompañe de la facultad legal a la nueva Institución de confeccionar su presupuesto y tener una policía judicial propia solo dependiente de Jueces y Magistrados, no se dictaría ni una sola sentencia ni proveído de ninguna clase.
Y es que, ante tal plante no habría posibilidad de oponer inconstitucionalidad a lo exigido, dado que lo estaría pidiendo el supuesto máximo responsable de tal declaración. El lock-out del TC implicaría así el reconocimiento expreso de la inexistencia de constitución y la necesidad de la apertura de un proceso de Libertad Constituyente que por fin materializara la exigencia de independencia judicial. Eso sí serían medidas drásticas. Aunque claro, para tomarlas habría primero que renunciar a otras, las gástricas, bien agradecidas de asumir felizmente el rol de directores de una justicia dominada. Y la verdad, a Pascual Sala no le veo en esta faena.
Pedro M. González
