Si los jueces no son independientes se les despoja de su auctoritas, que es siempre personal, y se les degrada a condición de empleados. Todo se queda en una protesta; para ser rebelión tendrían que reivindicar su razón de ser y lo que por definición les pertenece: la autoridad. Es verdad que hacer depender sus ingresos de la celeridad con que sentencien según uno de los motivos de la protesta, es de suyo degradar la justicia que de ellos se espera. Mas, pensando maquiavélicamente, si la protesta se hace depender del interés particular, cabe conjeturar que el conflicto haya sido provocado intencionadamente antes del golpe definitivo contra el “poder” judicial una vez desprestigiado del todo ante la opinión. Debió ser Revel quien dijo que sin la propaganda el socialismo se queda en nada y hay que reconocerle al actual gobierno, que se dice expresamente socialista, su habilidad para el agit-prop en una sociedad sin defensas, en vías de desintegración; desintegración provocada, y financiada, por los sucesivos gobiernos de esta Monarquía de partidos.   Ningún régimen político puede subsistir sin autoridad; ni siquiera un régimen despótico, que en cierto modo se autolimita mediante ella. Sólo un régimen tiránico puede mantenerse sin autoridad mientras no se agoten su fuerza y su capacidad de engañar, en los que descansa. Y, al menos en la cultura occidental, la autoridad constituye una parte fundamental de la forma política: la que contiene al gobierno. Esta parte ha sido siempre los jueces, que por un equívoco debido “oficialmente” a Montesquieu, se denomina el “poder” judicial. La causa es que en la doctrina y la práctica occidentales, el Derecho, el orden jurídico, que vertebra a los regímenes de manera parecida como las matemáticas ordenan las ciencias, ha sido considerado por encima de lo político, lo que delimita el ejercicio del poder.   Cierto que cuando la Ley deja de ser uno de los medios de conocimiento del Derecho convirtiéndose en su fuente principal, el Derecho acaba transformándose en Legislación y la autoridad tiende a asemejarse al poder (auctoritas non veritas facit legem –la autoridad no la verdad hace la ley- escribió ya Hobbes, el fundador de la teoría del Estado). Sin embargo, se conservó la idea de que la Ley está por encima del poder. Pero en la española situación política de la Monarquía de partidos se ha degradado también la llamada “santidad de la Ley” y es natural que, el poder político –el consenso nacional-socialista de todos los partidos- quiera acabar siguiendo su lógica con los restos de la independencia judicial, pues la autoridad es siempre personal y sigue habiendo jueces fieles a su razón de serlo. Un famoso dicho alemán reza: “todavía hay jueces en Prusia”. Evoca que un juez insignificante frenó las apetencias de poder del déspota ilustrado Federico el Grande; de quien hay que decir que lo comprendió y aceptó; eran otros tiempos.