El Estado de las Autonomías, lejos de favorecer la independencia judicial, la hace imposible. La progresiva desintegración del principio de unidad jurisdiccional inherente al continuo proceso de transferencias judiciales, no sólo no garantiza una mayor separación del poder político del judicial, sino que lo somete a nuevos filtros de dependencia administrativa y política. Los lazos económicos y funcionales se duplican restringiendo además cualquier capacidad de autonomía organizativa y económica de la Justicia.   En medio del proceso de elección del Presidente del Tribunal Superior de Galicia, el Consejero de Justicia de esta Comunidad Autónoma, D. José Luis Méndez Romeu ha manifestado su enérgica protesta sobre la forma de provisión de la plaza, reclamando la intervención de la administración autonómica en el mismo. Actualmente es el CGPJ quien a través de la su consensuada Comisión de Calificación, que actúa por delegación del Pleno, se encarga de valorar las “aptitudes” de los candidatos.   Poco le preocupa al Sr. Consejero que tal Comisión de Calificación sea un reflejo político del equilibrio de poderes parlamentarios para repartirse entre los partidos los puestos claves de la judicatura, sino que lo que verdaderamente le preocupa es la ausencia de su administración en dicho reparto que tan directamente le afecta. En este sentido Méndez Romeu abogó para que se modifique la norma ya que, en sus propias palabras “Las comunidades autónomas no participan en el proceso, ni siquiera son consultadas formalmente”.   Más leña al fuego. El descarado proceso político de elección del candidato a presidir la cúspide de la jerarquía judicial territorial en Galicia tiene como consecuencia que el puesto lleve ocupado en situación de interinidad por su actual titular más de treinta y dos largos meses de búsqueda del deseado consenso.   Las reformas de la justicia en el Estado de poderes inseparados corren irremisiblemente en sentido contrario al de su independencia. Cada intervención legislativa viene a recortar la imparcialidad judicial provocando un nuevo escenario político que precisa otra nueva intervención de mayor intensidad, y así sucesivamente hasta la total sumisión en lo que Hayek denominaría auténtico “Camino de Servidumbre”.   Méndez Romeu (foto: parlamentodegalicia)