El empresario turolense que dimitió como diputado del PP, Manuel Pizarro y el historiador Santos Juliá han denunciado corrupción institucional y falta de representatividad de los tres poderes. Sus declaraciones han sido valientes e intuitivas pero el abogado Antonio García Trevijano ya lo había escrito y desarrollado antes en sus libros, que han servido de base para el ideario del Movimiento Ciudadano para la República Constitucional (MCRC).
Pizarro es aludido en El Confidencial en un artículo de Federico Quevedo, periodista que ocupó cargos en el PP valenciano y que ha titulado significativamente “España y un presidente que no nos mienta”. En él señala que “esta semana la única opinión sensata que he escuchado salía de los labios de Manuel Pizarro, sí, aquél que fue presidente de IberCaja, de la CECA, diputado y candidato a ser ministro de Economía: “Si el socialismo cayó por su ineficacia –dijo-, el sistema de economía de mercado puede acabar por la corrupción, que puede ser institucional cuando hay impunidad”. Y hoy por hoy sigue habiendo demasiada impunidad, demasiada gente que se va de rositas después de dejarnos en herencia desastres que tenemos que pagar de nuestros bolsillo, demasiado corporativismo para tapar los escándalos más reprobables”.
Desde el otro extremo ideológico, el historiador y columnista de El País, Santos Juliá, se pregunta en su último artículo dominical: “¿Son representativas nuestras instituciones?”. Y en el texto, señala que “los tres poderes del Estado, hoy, [están] en los escalones más bajos de la estima ciudadana”.
Santos Juliá pregunta: “¿Son auténticamente representativas aquellas instituciones? Mucha gente cree que no, y tiene buenos motivos para creerlo. ¿A quién representa este Parlamento que no es capaz de crear una comisión que investigue lo que está destrozando a millones de jóvenes en paro? ¿A quién representa un Gobierno que miente a mansalva y que hace hoy lo contrario que prometió ayer sin sentirse en la necesidad de dar explicaciones? ¿A quién representa el Consejo General de un poder del Estado tan fundamental como el judicial, que no es capaz de aclarar qué pasa con los fondos públicos utilizados por su presidente —y no se sabe por cuántos vocales— en asuntos privados? Legislativo, Ejecutivo, Judicial, tres poderes del Estado, hoy, en los escalones más bajos de la estima ciudadana”.
Más adelante añade que “ante un fallo sistémico como el que sufrimos, la tentación es grande de volver a los viejos relatos de la historia de España como un fracaso y echar la culpa a una excepcionalidad española, o a una cultura política entendida como una herencia genética. Es lo que nos faltaba, pero es lo que tendremos si, por un acto de coraje político no se recupera una actitud semejante a la de los reunidos en Munich”, en alusión al denominado despectivamente por el franquismo “Contubernio”.
Por último, el historiador exige “dar la cara, en este caso para investigar lo ocurrido y sacarlo a la luz pública. No hay otra receta, y aun estamos a tiempo, aunque la colonización de las instituciones por la clase política con el propósito de nunca tener que dar cuenta de nada proyecta una sombra de duda sobre su capacidad para devolverles la sustancia representativa que están perdiendo a chorros”.
