Y esta Constitución, elaborada con la falta de transparencia descrita (*), y por ende, vulnerando los más elementales procedimientos democráticos, es la misma que la organización “Innovación Democrática” proclama “asumir plenamente, a condición de que sea sometida a un amplio plantel de reformas en materia electoral, en materia de organización de la Justicia en todos sus órganos, en la garantía de la separación efectiva de poderes, en la reforma del Senado y, sobre todo, en cerrar de una vez por todas el proceso constituyente”. No se comprende, por tanto, cómo un análisis que subraya la evidencia de que los partidos políticos se han apoderado del Estado, han renunciado a la intermediación entre éste y la sociedad civil, se han convertido en meros órganos especializados en la gestión administrativa, con el desprestigio de la política que ello comporta, y han aceptado, precisamente, la falta de separación de poderes denunciada, pretende ahora remediar esta situación, propiciada en origen por la propia Constitución, mediante el procedimiento de reforma y siempre subrayando un irrenunciable respeto hacia ese texto legal: se diría que, de no hacerlo así, acecharía la siempre temida imagen de lo subversivo, que parece aflorar detrás de toda muestra de desaprobación, por comedida y respetuosa que sea. Y este temor, una vez más, pone de manifiesto el tabú en el que la clase política –con la siempre solícita colaboración de los medios de comunicación- ha encerrado a la propia Constitución.   ¿Pero qué clase de reforma pueden propugnar sus defensores? Una reforma de esta magnitud, exigiría, insoslayablemente, el acuerdo de al menos dos tercios de las cámaras, es decir, el consenso entre los beneficiarios de los males denunciados, a fin de renunciar, por propia voluntad, a la posición de poder que la propia Constitución les ha reportado. En suma, la renuncia voluntaria de los partidos a la partitocracia. “Innovación Democrática” –de consuno con las muchas voces críticas hacia los males del sistema- plantea, para la resolución del problema, aquellas condiciones que, precisamente, no son posibles en virtud del problema denunciado: y esta es la paradoja contra la que ha de estrellarse todo intento de remediar los males mencionados no mediante la acción política de la sociedad civil frente a los partidos, sino mediante la constitución de un nuevo partido que, irremediablemente, no puede más que integrarse en el propio sistema si aspira a que su voz sea escuchada en las instituciones. Nuevamente se pone, por tanto, de manifiesto, la dicotomía entre reforma y ruptura: la historia se repite. Solamente un nuevo proceso constituyente que obligue a los partidos a pronunciarse previamente sobre el modelo de constitución propugnado puede ofrecer una mínima garantía de lograr una Constitución que establezca un sistema electoral representativo de los electores y la separación de poderes sin la que no es posible siquiera hablar de Constitución.