Las principales asociaciones de jueces y fiscales consideran desproporcionado e improcedente que el ex presidente del gobierno, D. Felipe González Márquez, tenga que comparecer ante los Tribunales para explicar sus declaraciones públicas en las que refería que tuvo oportunidad de “volar” la cúpula de la banda terrorista ETA a finales de los años 80. En declaraciones a Europa Press, los portavoces gremiales han aducido distintos motivos que a su juicio hacen improcedente considerar esta posibilidad. Valoran dichas manifestaciones como estrictamente políticas, imprecisas y con escasa trascendencia jurídica (¡!), además de la posible prescripción de cualquier hecho punible que de ellas se derivara.   El portavoz de Jueces por la Democracia, D. José Luis Ramírez, subrayó que el “nivel de ambigüedad” del testimonio “es tan alto” que no permite conocer datos concretos que justifiquen la reapertura de la causa o el desarrollo de una nueva investigación. “Con ese nivel de imprecisión, difícilmente se pueden obtener datos para realizar una investigación”, refirió. En la misma línea se pronunció el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, D. Antonio García, señalando la escasa trascendencia jurídica de las declaraciones a la vez que añadía, poniendo una vela a dios y otra al diablo, que “no se puede asumir, aceptar ni compartir ningún tipo de comportamiento que no sea absolutamente respetuoso con los derechos fundamentales o que no se ajuste a las exigencias de la Ley”. Desde Foro Judicial Independiente, su Presidente D. Javier Varona aseveraba que las palabras de González tienen escasa “trascendencia jurídico-penal” negando también la posibilidad de actuación instructora alguna, mientras que el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, D. Marcelino Sexmero, consideraba que los hechos se encuentran prescritos al haber transcurrido más de veinte años. “Si no hay un procedimiento penal no tiene que declarar”.   La Presidente de la Asociación de Fiscales, Dña. Pilar Jiménez, ha remarcado que su organización no se ha planteado siquiera solicitar la comparecencia del Sr. González y ha calificado de “absolutamente desproporcionado” llevar sus revelaciones al terreno judicial. “En nuestra opinión, no procedería iniciar esos trámites”, sentenció rotundamente. El que manda, manda y el que tuvo, retuvo. Negar trascendencia jurídica al reconocimiento del crimen de estado y excusar la toma de declaración a González basándose precisamente en la falta de evidencias claras es buena muestra de ello. Invocar una posible prescripción sin corroborar la novedad fáctica que supone averiguar lo que hay detrás de estas declaraciones equivale a no querer ver, ni oír, ni decir.