Prestigiosos abogados y acreditados juristas que simpatizan con el MCRC claman un día sí y otro también por la división de poderes en España para que el Poder Judicial pueda ejercer la necesaria labor de control e independencia que facilite la democracia, persiga la corrupción y mejore la economía. Pero mientras los escuchan, el sistema hace aguas y se resquebraja ya hasta niveles nunca hasta ahora vistos. Los abogados realizaron este lunes un plante en toda España, la mitad de la policía se niega a ejecutar los desahucios judiciales que están provocando en algunos casos el suicidio de los afectados mientras la otra mitad se lo reprocha y paralelamente un cuerpo tan discreto como el de los notarios y los registradores ha cobrado 400 millones de euros de más a los españoles que cancelaron su hipoteca en los últimos años. El panorama no puede ser más desolador y la fotografía de la España judicial, más deprimente.
La Organización de Consumidores (OCU) ha conseguido que el Tribunal Supremo exija a notarios y registradores de la propiedad todo lo que han estado cobrando de más durante años. A la hora de cancelar hipotecas, “estos profesionales se han embolsado más de 93 millones al año en cobros indebidos, según nuestras estimaciones. Ahora toca devolvérselos a los consumidores”, ha declarado en un comunicado oficial.
“En 2007 se legisló una bajada en los aranceles que hay que pagar a notarios y registradores por la cancelación de hipotecas. Sin embargo, esta medida fue ampliamente ignorada por los profesionales. En septiembre de 2011, revisamos minutas notariales y registrales para comprobar que en un 92% de los casos se estaba cobrando de más a la hora de cancelar hipotecas. En concreto, los notarios se embolsaban seis veces más de lo debido y los registradores diez veces más.
La OCU denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia. Un mes más tarde, el Gobierno del PSOE aprobó un Real Decreto que pretendía aclarar de una vez por todas la bajada de tarifas de 2007. Pero el Consejo General del Notariado recurrió al Supremo para impedir que los aranceles se rebajasen en la práctica. La sala tercera del Supremo ha desestimado el recurso del Consejo General del Notariado ha dado la razón a la OCU. La Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo obliga ahora a la Dirección General de Registros y del Notariado a exigir a notarios y registradores que devuelvan todo lo que han cobrado de más en los últimos años. Este desenlace supone una rotunda victoria de los consumidores en su lucha contra los abusos”.
“En su día, la OCU estimó que más de 93 millones de euros al año han sido cobrados indebidamente por notarios y registradores, acumulando en total una cantidad superior a 400 millones que ahora tendrá que ser devuelta a los clientes. Solo entre diciembre de 2007 y mayo de 2012 se cancelaron más de 1,6 millones de hipotecas (según datos del INE). Hasta mayo de 2012, fecha en la que el Gobierno del PP decidió multiplicar por tres el coste de los aranceles, un notario debía cobrar 30 euros por cancelar una hipoteca. Sumando a este gasto otros conceptos, una escritura de 10 páginas no debía suponer más de 70 euros para el cliente.
Sin embargo, el importe medio que encontramos en nuestro estudio era de 260 euros. En el caso de los registradores, la cifra legal ascendía a 24 euros y lo que encontramos en nuestro estudio superaba los 140. Hemos encontrado ejemplos en los que un notario de Madrid cobraba a su cliente 460 euros en lugar de los 95 que determinaba la ley. O un registrador de Sabadell que recibió 273 euros cuando lo que le tocaba eran 24. Si has cancelado una hipoteca en los últimos años, te deben dinero”, concluye la OCU.
Pero si unos cobran de más, otros lo harán de menos, pues la subida de tasas judiciales amenaza con reducir el número de clientes de los abogados. Por eso, el Consejo General de la Abogacía Española pedirá a partidos políticos, Defensor del Pueblo, jueces y organizaciones de consumidores que formulen recursos y cuestiones de inconstitucionalidad por vulneración de derechos si el Gobierno aprueba la Ley de Tasas, que se tramita en la Comisión de Justicia del Senado. Así lo ha asegurado el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, durante la concentración celebrada este lunes ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en protesta por la tramitación de este tributo, bajo el lema “Los abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales”. En la concentración, en la que han participado unas 300 personas, Carnicer ha estado acompañado del juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, junto a representantes de todas las candidaturas en el proceso electoral al Colegio de Madrid.
“Los abogados estamos defendiendo las libertades civiles de la ciudadanía. No es de recibo que, si se aprueba esta ley, la inmensa mayoría de los españoles tengan que pedir un préstamo para poder pagar las tasas judiciales”, aseguró Carnicer, quien añadió que la institución que preside impulsará los recursos de amparo que pueden plantearse cuando los ciudadanos dejen de pagar las tasas por “abusivas”. El presidente de la Abogacía añadió que si el Gobierno mantiene esta ley es “porque no conoce la realidad social del país o porque la conoce y deja a la mayoría de los españoles sin acceso a la justicia”. Esta concentración de los abogados madrileños coincide con las que se han realizado de forma simultánea en todas las sedes judiciales o colegiales de España para reclamar la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas que se encuentra en tramitación en el Senado. El presidente de la Abogacía recordó que un ciudadano tendría que abonar 19.500 euros en concepto de tasas, incluido el recurso ante el Tribunal Supremo, por un juicio de accidente de tráfico. En un procedimiento de divorcio con reclamación de pensión compensatoria de 200 euros mensuales, los ciudadanos tendrían abonar en tasas 812 euros hasta ejercitar el recurso de apelación.
Las concentraciones que se han realizado en toda España responden al rechazo del Consejo General de la Abogacía, los diferentes Consejos Autonómicos y los 83 Colegios de Abogados de España –que representan a más de 190.000 abogados- de la imposición de tasas judiciales para que los ciudadanos puedan pedir justicia ante los tribunales. La convocatoria se ha hecho extensiva a magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, funcionarios y a cuantas personas tengan interés en que se ponga solución a los problemas de la Justicia. Durante los actos se ha leído el Manifiesto aprobado de forma unánime por la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía, en su sesión extraordinaria celebrada el 8 de noviembre exigiendo la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas.
La dureza del ministro Gallardón con sus colegas de oficio contrasta con la escasa diligencia frente a la recomendación que le hizo Transparencia Internacional en otra materia judicial: “resulta de la máxima importancia no sólo la represión del delito del blanqueo de capitales, sino también su prevención a través de la imposición de una serie de obligaciones y medidas administrativas a determinados sujetos de carácter financiero y no financiero (entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios, etcétera) que pueden resultar más expuestos a este tipo de riesgo”. Pareciera como si, incapaz de descubrir el fraude o los pagos y cobros opacos a los abogados, el titular de Justicia hubiera optado por reducirles los ingresos y cobrar los impuestos por la vía de unas elevadas tasas.
