En plena efervescencia de manifestaciones callejeras y actos de protesta por la postura del gobierno de Aznar ante la guerra de Irak, se planteó una votación parlamentaria secreta con el propósito de garantizar la libre decisión, “en conciencia”, de sus señorías, en un asunto en el cual algunos ingenuos creían que la disciplina de voto no avalaría los designios del poder. Ya el mero hecho de tal propuesta debería causar la más grande perplejidad: si los diputados acuden al Congreso en representación del tan gratuitamente alabado “pueblo soberano”, ¿cómo pretender que a éste le sea ocultado el contenido del voto de todos y cada uno de sus representantes? Pero los diputados no representan a “pueblo” alguno: representan a su jefe de filas al que, por una vez, se pretende ocultar el voto de sus discípulos acaso con la intención de alejar la sombra de una represalia, o la infamante tacha de “transfuguismo”. La resistencia de los medios de comunicación a poner de manifiesto la trágica contradicción que, para un sistema aparentemente democrático, representa el secretismo de sus señorías en el ejercicio de su cometido es un preocupante síntoma de falta de honestidad intelectual. O tal vez de complicidad y asunción de los presupuestos antidemocráticos de un régimen que, como las tiranías, suscita las más lamentables muestras de reverencia. No hubo sorpresas. El entonces Presidente del Gobierno, en las jornadas previas a aquella votación, y ante el temor de que, esta vez, no se produjese la acostumbrada "adhesión incondicional", se reunió con sus diputados para asegurarse de que no habría discrepancias. La mera posibilidad de una reunión de esta naturaleza demuestra, al menos, dos cosas. La primera, que Aznar se cree en el derecho de asegurarse los votos de “su” grupo parlamentario, porque sabe que los diputados que lo integran no acuden al Congreso en representación de un distrito electoral al que deban explicaciones. No, estos diputados acuden como parte de la “representación nacional”.   Ya lo advirtió Burke en 1774 en su discurso a los electores de Bristol, como aviso a los que esperaban poder sujetar a sus presuntos representantes a algún tipo de control. Eso es una entelequia propia del Antiguo Régimen, de los tiempos felizmente superados del mandato imperativo, de los ‘cahiers de doleances’: hoy los diputados representan a la “nación”, es decir, a nadie, es decir, sólo a su propio jefe. Además, una reunión como la citada pone de manifiesto la naturaleza inseparada de los poderes Ejecutivo y Legislativo: sólo así cabe entender la pretensión, monstruosa, de una reunión a puerta cerrada entre el Jefe del Gobierno y una parte de los miembros del Legislativo para recordarles, siquiera delicadamente, a quien deben su puesto y su obediencia. Walter Bagehot ya advirtió de la quiebra del principio de separación de poderes que suponía la mera existencia de la institución del Gabinete en el parlamentarismo inglés.