La Transición política a las libertades actuales ha sido asunto complejo, a cuya producción han concurrido, como en todos los procesos sociales de cambio institucional, condiciones y causas distintas, de sentido convergente o contradictorio. La dificultad en el conocimiento de la Transición está en establecer relaciones de jerarquía, subordinación o dependencia entre los factores determinantes de la causa o concausas del proceso, sin caer en la parcialidad reduccionista de atribuirlo -como se hace en las leyendas panegíricas entontecedoras de la opinión pública- a la voluntad espontánea de instituciones o personas egregias.
Por muy discutible que sea, en lógica, la distinción entre causas y condiciones, o sea, entre lo positivo que produce el efecto y lo negativo sin lo cual no se produciría, en todos los procesos de realización de las acciones políticas existe una diferencia notable entre la voluntad de los actores plurales de las mismas y la coyuntura de factores que la condicionan de manera necesaria o suficiente. En el análisis histórico de un cambio político, lo condicionante precede y explica lo causante, al modo como, en última instancia, las condiciones objetivas a las subjetivas.
En estos esbozos seriados de la Transición política no me ocupo de los factores económicos que cambiaron la estructura social de España durante el último quindenio de la dictadura. De hacerlo así, iría contra el correcto enfoque de la Transición, en tanto que fenómeno colectivo de impulso o esfuerzo voluntario de unos pocos -por numerosos que fueran en la primera fase- hacia la libertad de todos. No he puesto el inicio de este proceso en la muerte de Carrero, ni en la de Franco, sino en la creación de la Junta Democrática, por ser la primera manifestación, o signo en la sociedad civil, de la voluntad de poner fin a la dictadura en el Estado mediante un movimiento pacífico y democrático. La causa de la Ruptura estuvo coherente y responsablemente fundada en la naturaleza incondicional de la libertad política.
Pero no todo lo condicionante tiene la misma importancia en la causa del cambio político. El factor internacional, por ejemplo, ha sido casi determinante en la Reforma liberal de la dictadura, mientras que el asesinato de Carrero y la hoy cacareada muerte de Franco, a pesar de su indudable valor simbólico, no pasaron de ser simples eliminaciones de obstáculos para la puesta en marcha y aceleración de la operatividad de la causa democrática de la Ruptura, o para abrir a puerta a la posibilidad de la libertad condicional de la Reforma, en la segunda y definitiva fase constitucional de la Transición.
En el veinte y cinco aniversario de la muerte de Franco toda la prensa ha engañado a la opinión, sobre la trascendencia de la misma, para disimular que la Monarquía de Juan Carlos continuó la dictadura diecinueve meses, con una sistemática represión de la libertad durante los siete de su primer gobierno. Cuando se produjo, la muerte de Franco no era ya condición necesaria de la Ruptura democrática. Esto comienza a ser evidente en una opinión popular cuyo 45,4 por ciento contesta, en la encuesta de Sigma Dos de 20-11-2000, que la democracia habría llegado sin la Monarquía. Pero aquella muerte tuvo para los reprimidos reformistas monárquicos del Régimen la naturaleza de una condición necesaria, aunque no suficiente. Operó en sus voluntades liberales al mismo nivel de influencia que el factor internacional. La sufiencia aportada por el segundo gobierno de la Monarquía, próxima ya a la causa eficiente de la Reforma, se manifestó como producto derivado o eficiente de la Reforma, se manifestó como producto derivado o «condición necesitante» de la condición necesaria: olor a cadáver de la dictadura y presión de EE UU y Alemania para enterrarla con honor monárquico y sin vergûenza democrática. Lo condicionante marcó los límites de la Transición a una libertad condicional.
*Publicado en el diario La Razón el lunes 2 de abril de 2001.
