Un prostíbulo de Lugo frecuentado por el empresario Jorge Dorribo amenaza con llevarse por delante a jueces, policías, políticos y empresarios gallegos en las vísperas de las elecciones autonómicas del 21 de octubre. Gracias a la valentía de la jueza Pilar de Lara se ha conocido que el presidente de la Audiencia de Lugo, el magistrado Varela Agrelo, ha sido llevado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que investiga si recibió dinero a cambio de favores.
Otra jueza íntegra, Estela San José, lo llevó ante el Consejo General del Poder Judicial y lo denunció por intentar acceder al sumario bajo secreto de forma irregular. Según la jueza, Varela Agrelo se presentó en el juzgado para conocer qué había declarado sobre él Dorribo, después de que otro testigo del caso —el exportero del Deportivo, Jacques Songo’o— asegurase a la juez que el presidente de la Audiencia iba a ser socio del industrial lucense en un negocio eólico en Camerún. En esa ocasión los jueces de Madrid presididos entonces por el polémico Carlos Dívar enterraron el asunto, pero ahora se analiza si el juez recibió dinero a cambio de asesoramiento jurídico y cómo fue contratada su hija en Nupel, la empresa farmacéutica propiedad del cerebro del caso Campeón.
Además del juez Varela Agrelo, políticos de PP, PSOE y BNG han sido implicados en esta trama que nace en esta mancebía de nombre real y trabajadoras del sexo latinoamericanas. Tres investigaciones policiales de Galicia, los casos “Pokemon”, “Campeón” y “Carioca”, ya han imputado al ex ministro gallego del PSOE, José Blanco y altos cargos de la Xunta de Galicia. 23 detenidos, 50 implicados y 3 en prisión que están “tirando de la manta”.
El jefe de la policía local de Orense, Abelardo Ulloa, y Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, encarcelado, son otros nombres de postín. Y no los únicos: las declaraciones de los imputados apuntan a varios políticos: el socialista Xosé López Orozco (alcalde de Lugo), Francisco Rodríguez (PSOE), Adolfo Gacio (PP) y el concejal de deportes del BNG, Fernando Varela, entre otros. Tres empresarios, Francisco Fernández Liñares, Javier Reguera y Manuel Santiso son claves en la trama. Otro, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, controla 39 sociedades especializadas en contratas públicas. Y los ayuntamientos de Lugo, Orense, Santiago, La Coruña y Boqueixón acumulan indicios de cohecho, prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental y tráfico de influencias, con sobrecostes de 2,7 millones de euros en un solo contrato (la grúa municipal, la ORA o la limpieza). Dinero, relojes Rólex, bolsos y exclusivas cajas de vino eran las dádivas con el que otro empresario cubano (empresa Vendex) cimentaba sus amistades y contratas.
