Las tres provincias vascas forman un régimen especial que tiene competencias diferentes a las de las demás Provincias, ya que gestionan el concierto económico del Estado con el País Vasco: recaudan los tributos del Estado en su territorio, distribuyen a los Municipios de su territorio la participación en esos tributos, financian a la Comunidad Autónoma del País Vasco, formalizan el cupo que tienen que pagar al Estado por los servicios comunes que presta éste y por el coste de las instituciones estatales y aprovechan las normas que regulan la gestión de aquéllos y el cálculo de éste para colar todo tipo de deducción y pagar una autentica ridiculez (del 6,5% del Valor Añadido Bruto nacional de partida, se queda en un puñado de euros, como dijimos hace varios artículos en las páginas de este diario).   Debido a la debilidad del Gobierno estatal, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco les ha ido añadiendo más poderes (sobre todo ahora que son oposición allí): las normas forales que regulan la gestión de todos y cada tributo concertado tienen rango de ley y solamente se pueden impugnar ante el Tribunal Constitucional, el BOE del día 6 de julio publica la ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente «Araba/Álava», «Gipuzkoa» y «Bizkaia» las demarcaciones provinciales llamadas anteriormente «Álava», «Guipúzcoa» y «Vizcaya», etc.   Las Juntas Generales de cada una de ellas, son un pequeño parlamento formado por 51 Procuradores o Junteros escogidos de las Listas electorales en cada una de las circunscripciones electorales en que se divide cada una de estas Provincias o Territorios Históricos (en el sistema proporcional se parecen al resto de España). Ellas eligen al Diputado General que ejerce la dirección y administración del territorio a través de la Diputación Foral, de acuerdo con la Ley vasca de relaciones entre la Comunidad Autónoma y los Órganos forales de los Territorios Históricos de 1991.   Pero no solamente tienen poder fiscal, una de las manifestaciones de la soberanía (como diría nuestro compañero Juan Sánchez), sino una gran influencia económica en su territorio. Tienen la tutela financiera y presupuestaria de los municipios de su entorno y éstos reciben una financiación privilegiada, (no se conoce que alguno de ellos tenga estrecheces financieras), las instituciones sin fines de lucro y las empresas no tienen ningún problema de ayudas a cualquier proyecto que inicien. No existe rincón en su territorio que no tenga protección y cuidado. Sus habitantes saben que cualquier faceta de la vida social es atendida por ellas (basta repasar los programas  de  sus presupuestos:  protección social, promoción de empleo, ayuda a los minusválidos y marginados, cultura, euskera, deportes, albergues juveniles, agricultura, ganadería, granjas experimentales, obras públicas de todo tipo, ordenación del territorio, protección forestal y del patrimonio histórico, turismo y publicidad de su tierra, sociedad del conocimiento, etc. etc. (vedlo con vuestros ojos: Presupuestos para 2011 del Territorio Histórico de Bizcaia). Estas instituciones son el paradigma de un Estado de Bienestar, más que lo han sido los condados suecos.   Son tales los privilegios que gozan estos territorios que cualquier españolito de a pie cae en la tentación de preguntarse: ¿por qué no somos todos igual que ellos? ¿Cómo es posible que existan estas discriminaciones en pleno siglo XXI dentro de un Estado – Nación?