En las últimas semanas todos los programas de radio y televisión y, también, la prensa escrita, se han hecho eco del caso Urdangarín.
El desenfoque del asunto ha sido general. Desde cargar las tintas contra el yerno del Rey, incluso aquellos que, en su día, fueron benefactores o aduladores suyos; hasta quien proclama que se está vulnerando su presunción de inocencia por las “condenas mediáticas” que están dirigiendo a la opinión pública para que ésta se pronuncie, también, de forma condenatoria.
El problema no es un asunto más de corrupción, uno de tantos; sino uno especial por cuanto afecta al Rey, y no solo a la imagen del Monarca o de la Monarquía, sino a la monarquía como institución, después de todo “Todos somos iguales ante la Ley”.
Según las filtraciones del sumario y las averiguaciones de la prensa, la Casa Real, al tener conocimiento, ya en 2004, de los asuntos de Urdangarín, le exigió renunciar a sus tan lucrativos negocios, y le exilió a Whasintong como consejero en nómina de Telefónica para América Latina y USA.
La Casa Real, los asesores del Rey o quien fuera el que obligara a Urdangarín a su exilio de lujo en la capital de los Estados Unidos, hizo justo lo contrario de lo que se exige de cualquier ciudadano de bien, a saber: Exigirle la devolución del dinero y ponerle a disposición de la Justicia antes de que ésta hubiera abierto diligencias en su contra.
Eso es lo que se pudo y se debió hacer, eso hubiera sido lo ejemplar y decente. Pero no fue así, quien asesoró a Urdangarín decidió encubrirle con la esperanza de que el transcurso del tiempo diera en el olvido con las fechorías del yerno real.
Alguien, en la Casa Real, debe responsabilizarse esto. No puede ser el Rey, pues ya sabemos que su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, como establece el apartado 3 del artículo 56 de la Constitución. Ese alguien debe apechar con la responsabilidad penal del presunto encubrimiento. En caso contrario no se podrá reprochar a ciudadano alguno que exprese su certeza moral de que el encubridor fue Su Majestad.
Los medios han abierto la veda contra Urdangarín, al que con bastante fundamento ponen de “chúpame domine”, como a cualquier otro corrupto de los muchos que en los últimos tiempos van girando visita obligada a los Juzgados.
Los monárquicos sinceros y los “juancarlistas” (monárquicos vergonzantes), ante la avalancha de invectivas contra el Duque y su esposa la Infanta, elevan su mirada al cielo y consternados suplican al público que respete el principio de presunción de inocencia.
Los ciudadanos de a pié no tenemos atribuciones, facultades o poderes jurisdiccionales para hacer quebrar la presunción de inocencia de alguien.
Eso se lo atribuye la Ley exclusivamente a los jueces y tribunales. Son estos, y nadie más que estos, quienes pueden hacer quebrar la presunción de inocencia de cualquier ciudadano sometido a su autoridad, al dictar, conforme a derecho, sentencia condenatoria. Ni siquiera el hecho de que un ciudadano exprese su esperanza de que a alguien le condenen los tribunales supone atacar tal presunción.
Privar a los ciudadanos de emitir juicios morales sobre el comportamiento de alguien arguyendo la presunción de inocencia, que en un principio exclusivo de la jurisdicción penal, es tanto como intentar que la ciudadanía se censure así misma. Es una argucia que contiene una coerción moral para inducirnos a la dejación del libre ejercicio de nuestra libertad de expresión, contra cuyos excesos las leyes, civiles y penales, también tienen sanción.
Del mismo modo, escudarse en la presunciòn de inocencia para no hacer frente a las responsabilidades políticas, actitud constante de la clase política, es un disparate que solo depara consecuencias negativas a la ciudadanía, pues hace que la corrupción se perpetué y adquiera tintes de impunidad.
Son las cosas de al revés con las que nos entretienen para distraer nuestra atención sobre los problemas verdaderos. De lo que conocemos podemos afirmar que Urdangarín no se ha comportado ejemplarmente, no es un ejemplo a seguir. Pero el Rey, los asesores del Rey, la Casa Real no se han comportado de manera distinta. Los españoles ya estamos seguros de que los miembros de la monarquía tampoco han sido, precisamente, ejemplares; nada, en tal sentido, les diferencia de cualquier otro otro miembro de la clase política.
Si los actos del Rey deben de estar siempre refrendados, y Su Majestad tiene libertad para nombra y releva a los miembros civiles y militares de su Casa, alguien de esa Casa debe haber refrendado la actitud de Urdangarín cuando el Rey, la casa Real o sus asesores le impusieron la renuncia a sus negocios y le facilitaron su dorado exilio americano.
Todos han obrado mal, primero Urdangarín, luego los lamerones que querían tener entrada en la Corte de la mano del yerno; luego el Rey, la Casa Real, los asesores.
Nadie ha sido ejemplar, por mucho que ahora nos digan que en La Zarzuela hay un disgusto horrible. El nuestro, el de muchos ciudadanos, lo es aún mayor, al comprobar que el problema de La Zarzuela es que nos hayamos enterado de lo que hace años ellos ya lo sabía, y de lo que hicieron para que los actos de extremada codicia de Urdangarín escaparan al rigor de la ley.
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