Cuatro de cada diez españoles están de acuerdo con cambiar el Estado autonómico, ya sea suprimiendo directamente las comunidades autónomas o mediante la reducción de sus competencias, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre, pero lejos de satisfacer la demanda de sus contribuyentes, éstas han aumentado su número de funcionarios con la crisis, lo que indica que si el empleo público está congelado, la clase dirigente está aprovechando la situación para beneficiarse de ello y colocar a parientes y amigos.
Esta intuición ciudadana provoca que el 24,5% de los españoles defiendan “un único Gobierno central sin autonomías” y un 14,5% manifieste que las comunidades “tengan menor autonomía que en la actualidad”, lo que suma un total del 39% de la población. En el otro lado de la balanza está un 9,1% que pide mayor autonomía y un 8,9% que reivindica un Estado en el que se reconozca a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse “en Estados independientes”, lo que suma un 18%. El resto no sabe o no contesta.
Cuando se le pide a los encuestados que señalen cuales son los tres primeros problemas de España responden que el paro (79,3%) seguido de la situación económica (49,4%) y por vez primera se sitúa en tercer lugar “la clase política y los partidos políticos en general” (26,9%). También por vez primera, cuando se pregunta qué problemas le afectan personalmente más, se apunta a los políticos y los partidos junto a la sanidad y la educación, además del paro y la crisis que figuran en primer lugar.
Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que las comunidades autónomas han aumentado sus plantillas a lo largo de 2012 en casi 9.600 personas, mientras el Estado y los ayuntamientos reducían el número de sus trabajadores. Los despedidos del Estado, sin embargo, lejos de reclamar la supresión de dietas, viajes, almuerzos y departamentos improductivos o formados por familiares de políticos y altos cargos, reclaman formar parte del pastel. Eso al menos se percibió cuando el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, aseguró a varios representantes de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España (Congde) que le aguardaban a la salida de un acto que le gustaría “mucho” mantener la ayuda a la cooperación pero no tiene presupuesto. El portavoz de la coordinadora le respondió que “lo que se pide es una proporción” de la riqueza del país e hizo hincapié en que “no hay excusa de decir que no hay dinero”, aunque no se le ocurrió reclamarle al ministro parte del suyo ni suprimir las bicocas familiares de sus correligionarios.
Porque si antes fue el PSOE, ahora le toca al PP. La secretaría de Estado de Turismo, que depende del ministro de Industria (José Manuel Soria), es destino preferente para miembros del PP y familiares de dirigentes. La última en llegar ha sido Esperanza Aguirre, que trabajará en Turespaña. Antes han colocado a otros. Es el caso de la propia secretaria de Estado, Isabel Borrego, mujer del diputado Vicente Martínez Pujalte. María Zaplana Barceló, hija menor del ex ministro de Trabajo, también trabaja allí como asesora de confianza del gabinete de la secretaría. Y Ángeles Alarcó, ex esposa de Rodrigo Rato, es presidenta de Paradores de Turismo, entidad pública que depende directamente de la secretaría de Estado.
