El ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se hizo célebre en la Villa y Corte por su voracidad recaudatoria derivada de su desmedido afán por el gasto descontrolado y las obras faraónicas. Hoy lo es por intentar acabar con un principio que se inició en 1986: la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos y esa igualdad comienza por su gratuidad.
El abogado en ejercicio Antonio García Trevijano dijo en los informativos matinales de Radio Libertad Constituyente que “si la irresponsabilidad del Rey demuestra que la ley no es igual para todos, ahora la subida de las tasas judiciales demostrará que tampoco la Justicia será igual para todos. Los ricos tienen más posibilidad de pleitear que los pobres. Y eso va a hacer que el Gobierno se encuentre con una sorpresa: no va a recaudar más porque los ciudadanos pleitearán menos”.
Es tolerable que la subida de las tasas en los procesos contencioso-administrativos suban un 30%. Pero que en los procedimientos civiles se estén contemplando subidas cercanas al 200%, no es que sea solamente intolerable, pues estarían causando el nefasto efecto disuasorio. La supresión del recurso de casación ante el Supremo de los pleitos que no alcancen cuantías elevadas, divide a los justiciables en dos categorías: los ricos, con derecho a dos instancias en sus pleitos, y los ricos con derecho a la tercera instancia. Y por otra parte, el encarecimiento extraordinario de las tasas judiciales prohíbe pleitear a los más pobres.
