Tezanos está sorprendido. El motivo de su sorpresa es que un juez de instrucción (especie en peligro de extinción) le ha llamado a declarar el próximo 29 de octubre como investigado por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

La imputación trae causa de su actuación al frente del Instituto de Investigaciones Sociológicas (CIS) donde supuestamente habría utilizado los recursos públicos a su cargo para modificar dolosamente las técnicas operativas del órgano público demoscópico para beneficiar al PSOE en sus encuestas, orientando el voto de los ovejunos gobernados.

Tanta demoscopia, tanta sociología, para sorprenderse de lo obvio: que un partido de Estado como es Vox se querelle contra un miembro de otro partido de Estado que está puesto a dedo al frente de un organismo público encargado de hacer encuestas sobre intenciones de voto.

La sorpresa de Tezanos sólo es comprensible por su convencimiento interno de que simplemente está haciendo su papel, el rol para el que se le puso ahí. Tristes tiempos en los que hay que luchar por lo evidente, que diría antes Dürrenmatt y ahora D. José Félix.

Y es que cuando los poderes del Estado no están separados y la Justicia no es independiente resulta imposible distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal de sus actores. La politización de la Justicia y la judicialización de la política son las consecuencias de esta inseparación. El control de los titulares de la jurisdicción mediante la designación de sus órganos de gobierno y puestos más relevantes en la curia pone luego en la arena judicial la discusión política. Así, los partidos tienden a dirimir judicialmente cuestiones de orden estrictamente político resultando imposible distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas.

No es sólo cuestión de pobreza intelectual y moral de una deleznable clase política, Vox y PSOE incluidos. La corrupción es de orden institucional e impide discernir la responsabilidad penal de los delegados de los partidos estatales de la responsabilidad política. Tezanos se sorprende porque como hombre de partido nunca se planteó que, mientras la responsabilidad penal precisa de culpa o dolo, la política es de simple orden objetivo.

La posibilidad de detección y depuración de las responsabilidades políticas es inversamente proporcional al grado de separación de poderes. Mientras que en la República Constitucional de los Estados Unidos de América los casos Watergate y Lewinsky, aún sin responsabilidad penal de los presidentes afectados, los puso en la picota de la responsabilidad política, en España se eludió el procesamiento del jefe del ejecutivo por delitos de asesinato con la excusa de su estigmatización pública.

Qué mayor muestra de la confusión entre responsabilidades políticas, nunca asumidas, y las penales que, confundiéndose en una sola, avalan a fin de cuentas la irresponsabilidad absoluta de los titulares de un poder único, sólo dividido funcionalmente.